Se trata de los nueves operarios que fueron despedidos de una planta de Puerto Rawson, según el vocero Juan Casas por decisión del sindicato que hizo un pedido expreso a la empresa, y que este martes decidieron iniciar una huelga de hambre en el Juzgado de Familia de la capital provincial. Un juez ordenó una reparación económica, pero no hubo respuestas, así lo informó Radio 3.
«Nos despidieron en noviembre del año pasado (Gabriel) Aguilar (ahora Subsecretario de Pesca de la provincia), Raúl Franco (secretario general del SUPA -Sindicato Unidos Portuarios Argentinos- en Madryn) y los delegados (Luis) Quiñalaf y (Oscar) Tacumán», apuntó Casas.
«No hubo ninguna razón, fue de un día para el otro. El juez en ese momento resolvió para que volviéramos a trabajar, no nos dejaron. Y el mismo juez ordenó el 3 de enero que nos dieran 5 mil pesos diarios por habernos despedido sin ningún motivo», explicó.
«Jamás he escuchado que un sindicato ordene despedir gente, al contrario, debería estar para ayudar a los trabajadores», cuestionó.
«No le pedimos plata a la Provincia, sino al Puerto Rawson que genera mucha plata. En la última temporada han venido más barcos que en temporada anteriores», justificó.
«Es un daño moral inmenso y un abandono de persona. Hay compañeras que venían trabajando desde hace muchos años, que tienen chicos y deudas, y de un momento a otro nos dejaron afuera», reprochó.
«Tomamos la decisión de encadenarnos y empezar una huelga de hambre en este juzgado que tiene la causa hasta que alguien de ellos se presente y abonen la plata que está ordenada en los expedientes, y también queremos volver a nuestro trabajo de muchos años», demandó el vocero.
«Es un delito silencioso, nos están matando en vida. Si nosotros hubiéramos hecho algo, hubiéramos roto algo, hasta la misma empresa decía que éramos trabajadores ejemplares, no tienen justificación», insistió.
«Fue una decisión tomada por el SUPA, pura mafia. El 8 de noviembre vinieron de Madryn con tres colectivos llenos y con armas de fuego, están las cámaras, la Prefectura de testigo, para sacarnos del puerto», acusó Casas.
«Les pedimos al Gobierno y a la mayor jerarquía de la Justicia que intervengan y traten de solucionar nuestro problema, más en esta situación del Covid-19», reclamó el trabajador.
«Dependíamos del sueldo y ahora no teníamos nada. Trabajamos en la temporada para pasar el invierno, esto es culpa de esa gente; Aguilar, Franco, Quiñelaf y Tacumán», recalcó.
“Ni siquiera nuestro abogado (Eduardo Hualpa) ha podido hacer nada con el cumplimiento de la orden. Si un juez la da, ¿entonces cual es la traba?», se preguntó.
“Se maneja mucho dinero, por quincena se ganan 300 mil pesos y al mes unos 500 mil, las empresas deben hacer aportes del 20 por ciento, pero resulta que estábamos en negro. Se tapa todo”, sostuvo Casas.
«No podemos hacer más nada que quedarnos acá hasta que nos den una solución», advirtió.
«Son nueve familias a las que nos dejaron sin trabajar en la temporada, cuando fuimos totalmente cumplidores, nunca nos lastimamos ni faltamos, vivimos del muelle, amamos nuestro trabajo y gracias a eso tenemos lo que tenemos», sentenció Casas.
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