Un delegado de la intervención del SOMU formuló una denuncia penal por “privación ilegítima de la libertad”, cuando fue increpado el 22 de junio afuera del sindicato, y dice haber sido obligado a participar de la marcha. Fracasó la conciliación y la justicia penal inició investigación por seis meses.
Mario Valenzuela, presidente de la Agrupación Gaucho Rivero del SOMU, y los marineros Sebastián Báez y Marcelo Ampuero, son los tres imputados por la presunta comisión del delito de “privación ilegítima de la libertad” de Walter Benítez, uno de los delegados interventores del Sindicato Obreros Marítimos Unidos en Puerto Madryn.
Benítez denunció que lo privaron de su libertad durante una protesta, en el mes de junio, por el hundimiento del pesquero Repunte. El último viernes, en los Tribunales madrynenses se realizó una audiencia vinculada a incidentes ocurridos durante una movilización por el hundimiento del pesquero Repunte. Respecto de Báez la audiencia todavía no tuvo lugar ya que no se encuentra en la zona por motivos laborales; al día de la audiencia se encontraba embarcado.
El caso, que llegó a instancia penal tras haber fracasado la conciliación de partes, se refiere a los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio. Marineros, familiares y allegados a las víctimas del naufragio del Repunte se manifestaron por las calles de la ciudad y marcharon hacia las dependencias locales del SOMU. En el lugar interceptaron a uno de los interventores cuando se aprestaba a abandonar la sede sindical y allí fue increpado por no haber parado el puerto por 72 horas como manifestación de duelo, tal como si había ocurrido en otros puertos.
Benítez denunció que fue privado de su libertad por varias personas que se hicieron presentes en las instalaciones del SOMU. En el expediente, la denuncia dice que fue agredido físicamente, acorralado y amenazado con frases como “te vamos a sacar de acá con los pies para adelante”, al cuestionarle su accionar frente al hundimiento del barco Repunte.
La justicia ya solicitó diversos videos de medios audiovisuales locales donde quedaron registrados aquellos incidentes, y el juez interviniente abrió una investigación por el plazo de seis meses.
Según su denuncia, el interventor Benítez dice que intentó retirarse y lo rodearon y lo obligaron a ponerse en el cuerpo un cartel de cartón con la leyenda: “Caputo hacete cargo corrupto”, forzándolo a sostenerlo por un trayecto de cien metros a pie. Posteriormente, asegura que fue obligado a subir a la caja de una camioneta y fue trasladarlo al muelle Storni. La movilización se trasladó desde el centro de la ciudad hasta el puerto con la intención de impedir la zarpada de pesqueros.
Tras varias horas, y producto de la intervención del personal de Prefectura Naval Argentina y la interventora local del SOMU, logró salir del lugar a bordo de una ambulancia luego de descompensarse. Ese episodio es considerado por el dirigente sindical como privación ilegítima de la libertad y acusó puntualmente a Mario Valenzuela, presidente de la Agrupación Gaucho Rivero del SOMU, y a los marineros Sebastián Báez y Marcelo Ampuero.
Ante la posibilidad de que hubiera una manifestación en las afueras de tribunales, el viernes se realizó un fuerte despliegue policial en el interior y en las inmediaciones del edificio donde finalmente se realizó la audiencia en la que se abrió formalmente el proceso penal, respecto del cual recién en mayo de 2018 se determinará si hay elementos o no para la sustanciación de un juicio oral.
