En momentos en que la actividad pesquera en su conjunto reclama medidas urgentes para ser competitivos y no profundizar la crisis, en Chubut salió a la luz un proyecto de ley que plantea crear un supuesto fondo anticíclico para repartir entre sindicatos y municipios.
La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se pronunció públicamente con un enérgico “rechazo y preocupación frente al proyecto que busca imponer un ‘aporte en especie’ de un kilo de langostino por cada cajón descargado, destinado a conformar un fondo denominado REPROCH”, indicaron en relación a la propuesta del legislador y presidente del PJ de Chubut, Gustavo Fita.
Impuesto “encubierto”
“La medida, en los hechos, constituye un nuevo impuesto encubierto que se sumaría a un sistema tributario ya excesivamente gravoso para la actividad pesquera industrial de la provincia”, refutaron las pesqueras agrupadas en la cámara, al tiempo que considerar a la propuesta normativa de “inoportuna e injustificada”.
CAPIP expresa que el sector pesquero en Chubut atraviesa una coyuntura de precios internacionales en baja, caída de la demanda y altos costos operativos. En este contexto, la creación de un nuevo tributo no solo carece de oportunidad, sino que amenaza con comprometer el inicio y desarrollo de la temporada”, advierte sobre la preocupación que genera a la actividad que se evalúe sumarle carga fiscal.
Además, el esquema propuesto “no contempla la rentabilidad real de las empresas ni establece criterios de transparencia claros para la administración de los fondos”, reprocha la cámara sobre la iniciativa legislativa del peronismo chubutense.
Costos fiscales y parafiscales
Asimismo, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras hizo público un pormenorizado detalle de la “estructura de costos fiscales y parafiscales de enorme magnitud” que afectan a la pesca en Chubut:
Impuestos provinciales: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos grava la captura al 0,75% y el procesamiento industrial al 1,5%, mientras que los servicios conexos tributan al 4%.
Canon pesquero provincial: actualmente representa alrededor del 2% del valor del pescado desembarcado.
Tasas municipales: en Puerto Madryn, la Tasa de Seguridad e Higiene equivale al 1,48% de la facturación mensual, lo que disparó los costos locales de las plantas pesqueras (casos de empresas que pasaron de pagar $2 millones anuales a alrededor de $40 millones). En Rawson y Comodoro se aplican esquemas similares, con alícuotas cercanas al 1%.
Tarifas de servicios públicos: los costos de agua y energía son especialmente elevados. En Puerto Madryn, el agua que llega a los buques alcanza un valor cercano a USD 9,59 por m³, el más alto del país (frente a USD 2 en Mar del Plata o USD 5 en Comodoro).
Cargos portuarios: los buques deben abonar aranceles diarios de atraque, servicios de agua, electricidad y residuos. En Rawson, por ejemplo, un barco de más de 15 metros paga más de $7.300 diarios de uso de muelle, además de cargos adicionales.
Tasas ambientales y sanitarias: se suman las habilitaciones, evaluaciones y controles ambientales, además de las tasas de SENASA para exportación.
Dudoso aporte a la caja sindical
En tanto, la CAPIP hizo hincapié al rechazar el proyecto sobre la falta de transparencia que tendría la administración y reparto del pretendido REPROCH.
“El sector no soporta más cargas, sumar un nuevo tributo en especie implica quebrar la frágil ecuación económica que mantiene a flote la actividad”, argumentaron en tono crítico a la propuesta, y además lo califican como “un esquema regresivo”, al indicar que “el aporte se exige sin relación con la rentabilidad de la empresa: “se paga igual en condiciones de pérdida o de ganancia”.
Reprochan la “ausencia de control y transparencia”, al puntualizar que el proyecto “propone que la administración quede en manos de la Secretaría de Pesca y los sindicatos, sin auditorías externas. Además, destina un 15% directo a gremios sin criterios claros”, añaden al cuestionar la iniciativa de Fita.
“Es una medida improvisada”
Finalmente, CAPIP sostiene que en lugar de reducir retenciones o aliviar ingresos brutos, se suma un nuevo costo justo en el peor momento de la actividad.
“La creación de un ‘impuesto por cajón’ bajo la forma de aporte en especie no es una solución ni para el empleo ni para el ambiente. Es una medida improvisada que amenaza con profundizar la crisis de la industria, desincentivar la producción formal y poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la pesca en Chubut”, alertan sobre las consecuencias de una medida de este tipo.
Desde CAPIP reiteraron su “vocación de diálogo y nuestro compromiso de aportar propuestas técnicas y responsables. Pero rechazamos con firmeza toda iniciativa que agrave la situación actual y comprometa la sustentabilidad de una actividad vital para la economía regional y nacional”.
Fuente: Revista Puerto