La flota pesquera de altura de la República Popular China se ha convertido en una de las principales preocupaciones para América Latina en materia de seguridad marítima, ambiental y económica. Conformada por más de 3.000 embarcaciones y subsidiada con al menos 7.000 millones de dólares anuales, esta fuerza opera en alta mar con una lógica que combina eficiencia industrial con opacidad operativa.
Según datos de FAO, China concentra cerca del 15 % de la pesca global en zonas marinas, siendo líder en la captura de cefalópodos. Esta posición dominante no se explica sólo por capacidad pesquera, sino también por una red que combina prácticas de pesca no declarada, no reglamentada e incluso ilegal (INDNR), con condiciones laborales abusivas y prácticas de camuflaje sistemático.
A través de empresas estatales como la CPNC y con apoyo logístico portuario en países del Sur Global —como Sri Lanka, Perú o Uruguay— la estrategia china avanza en zonas clave como el Pacífico suroriental y el Atlántico sudoccidental.
Impacto en América Latina y los desafíos regulatorios
En los últimos años, la actividad de la flota potera china frente a las costas de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú y Chile ha sido denunciada por prácticas de sobrepesca, evasión de controles y explotación laboral. Los barcos operan justo fuera de las ZEE nacionales, donde, bajo la Convención del Mar de 1982, rige la libertad de pesca, permitiéndoles actuar sin restricciones de cuotas ni obligaciones de desembarco. Informes recientes confirman que en estas áreas llegan a operar entre 300 y 700 embarcaciones simultáneamente.
Fuente: Escenario Mundial