La Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) reiteró su posicionamiento contrario frente a las pretendidas modificaciones que contempla el proyecto de la denominada Ley Ómnibus, en particular, las que modifican la Ley Federal de Pesca, y los artículos que imponen altos derechos de exportación para la producción y las manufacturas de la industria pesquera.
Así lo transmitió la cámara a los Gobernadores de Chubut y Santa Cruz, y lo hizo extensivo a los legisladores nacionales de esas provincias y las diferentes bancadas parlamentarias que integran el Congreso Nacional.
Tal como se vino explicando, en diferentes ámbitos, en las últimas semanas sostiene que la modificación propuesta en materia de política pesquera, si se implementará “en forma total o parcial, pone en riesgo real, actual e inminente la viabilidad de la actividad pesquera, tal como hoy se la concibe y conoce”, advierten y en tal sentido afirman que “es fundamental exponer esta situación a los legisladores argentinos para que tengan en cuenta las preocupaciones de nuestro sector antes de aprobar cualquier modificación de la Ley Federal de Pesca, o de aumentar las retenciones al sector”.
Rechazo a las modificaciones
La CAPIP –actualmente integrada por las empresas Altamare S.A., Arela S.A., Bricel S.A., Congeladores Patagónicos S.A., Consermar S.A., Estrella Patagónica S.A., Farallón S.R.L., Food Partners Patagonia S.A., Greciamar S.A., Iberconsa de Argentina S.A., La Escalerona S.A., Nova Fish S.A., Pesquera San Isidro S.A., Red Chamber Argentina S.A., Riminimarr S.A., Semaloma S.A. y Veraz S.A.– volvió a cuestionar el proyecto de ley que “pretende modificar diametralmente el sistema de administración de pesquerías que contempla la ley vigente, el cual ha demostrado ser efectivo y eficiente, Es por ello que consideramos innecesario introducir modificaciones”, transmitieron a autoridades del Gobierno y los bloques de legisladores.
Recordaron que se pasó de un régimen de administración olímpico a un régimen de administración mediante Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) “que la Ley ha considerado más racional para la explotación sustentable de los recursos vivos del mar. El resultado del régimen de administración actual ha posibilitado la recuperación biológica de una de las principales especies de nuestro país, la merluza común (Merluccius hubbsi) y mejorando sustancialmente el estado del caladero, ampliándose las cuotas máximas de pesca permisible, y garantizándose la salud de un caladero que se encuentra en su máximo rendimiento biológico”, detallaron para conocimiento de los parlamentarios.
“Desempleo, desinversión y corrupción”
Por otra parte, la pesca patagónica enrolada en CAPIP reiteraron su postura contraria de migrar a un esquema de subasta de cuotas de pesca al mejor postor. “Ningún país del mundo emplea el mecanismo propuesto de licitación de cuotas para pesquerías históricas, solo se ha aplicado en nuevas pesquerías a desarrollar o para especies excedentarias y en porcentajes muy bajos. El 99 % de los países con pesquerías desarrolladas no lícita sus cuotas de pesca”, subrayaron.
“En Argentina el sistema vigente viene funcionando hace unos 20 años, con recursos que en general están en un punto de máximo rendimiento sostenible, con niveles de litigiosidad muy bajos y niveles de aceptación muy altos por los diversos actores y con una cantidad de tenedores de cuota de muy diversa capacidad financiera, por ello, implementar sin necesidad un sistema de asignación de cuotas por licitación que no se usa en ninguna parte del mundo puede tener costos impredecibles en varios aspectos, como desempleo, desinversión, inviabilidad para las de menores recursos, depredación, corrupción o falta de transparencia, entre otras”, critican respecto a los peligros que representa la reforma pesquera de Javier Milei.
Escenario de alta litigiosidad
Asimismo, CAPIP anticipa que una posible modificación del actual esquema disparará múltiples reclamos a nivel judicial por parte de quienes consideran tener derechos adquiridos.
“Decenas de actuales tenedores de cuotas pequeñas pueden ser desplazados por pocos actores poderosos durante la licitación. La adjudicación actual de cuotas fue un proceso transparente, basado en criterios objetivas, y por eso no hubo conflictos de significancia con el resultado”, sostienen al tiempo de pronosticar que “quienes se vean desplazados, indudablemente litigarán en contra, complicando un escenario que hoy luce sin mayores conflictos”, describen.
Retenciones que hacen inviable el negocio
Asimismo, le solicitaron al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y a su par de Santa Cruz, Claudio Vidal, y por su intermedio a los legisladores “que no se dé lugar a la modificación de los valores de los derechos de exportación (DEX) que se incluyen en la Sección VI- Derechos de Exportación en los Artículos 200 y 201 y se mantengan los valores diferenciados vigentes”.
Explican que el sentido de la “segmentación en los DEX tiene como lógica fomentar el agregado de valor, basado en la estructura de costos de cada producto, algo que llevo años de análisis y negociaciones con distintos gobiernos”, y con este proyecto se generaliza un 15% para valor agregado o bloques para reproceso en el exterior.
“El aumento indiscriminado de los porcentuales a todos los productos, pondrá, sin dudarlo, a todas las unidades de negocio por debajo del punto de equilibrio económico empresarial; con el riesgo cierto e inminente de la imposibilidad de sostener la viabilidad de las empresas pesqueras”, alertan a los legisladore sobre lo que está en riesgo en este momento.
Finalmente, CAPIP revela que “los resultados económicos que demuestran los balances corporativos, ponen en evidencia en todos los casos, que el porcentual del 15% supera, largamente, la rentabilidad empresarial”, concluyen.
