La organización francesa Bloom ha revelado prácticas ilegales de financiación de la pesca eléctrica por parte de las instituciones europeas y ha hecho un llamamiento a la defensora del pueblo de la UE, Emily O’Reilly, para que ponga fin a la mala administración de fondos públicos. Algunos eurodiputados han denunciado que la Comisión Europea está llevando a cabo negociaciones secretas con sectores de la industria pesquera ignorando la voluntad de la Eurocámara, que votó a favor de prohibir esta práctica el pasado mes de enero.
Bloom ha revelado este martes que Bruselas ha destinado un total de 21,5 millones de euros en subsidios públicos al desarrollo de la pesca eléctrica en los Países Bajos (14,3 millones del Fondo Europeo de Pesca y 6,5 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), sobrepasando así el número de licencias legales permitidas, y financiando con 2,7 millones de euros la ‘red de arrastre de fondo con puertas’, una práctica explícitamente prohibida por la normativa europea.
El análisis de la organización se basa en la lista de subsidios publicada en junio por el Gobierno neerlandés tras meses de presiones y una queja de Bloom ante la Comisión por el incumplimiento del mandato de transparencia. “Como el límite permitido para utilizar la pesca eléctrica es del 5% de la flota, se ha buscado una escapatoria legal para poder conceder más licencias bajo el argumento de favorecer la investigación y llevar a cabo proyectos piloto”, ha explicado el director científico de Bloom, Frédéric Le Manach, en declaraciones a EL PERIODICO.
“Sin embargo, la realidad es que durante muchos años los buques holandeses obtuvieron licencias sin llevar a cabo ninguna investigación”, ha añadido Le Manach, “un hecho que admitió la ministra de pesca neerlandesa, Carola Schouten”. Supuestamente la Comisión emitió de esta manera 42 licencias suplementarias. Por ello, la organización ha pedido a la defensora del pueblo y a la oficina antifraude de la UE que investiguen los hechos: “Son nuestro último recurso para proteger a los ciudadanos de los intereses privados y hacer cumplir la normativa europea”, ha dicho la fundadora de Bloom, Claire Nouvian.
Los compromisos se diluyen
Desde el 2007 Holanda goza de una excepción que permite que el 5% de su flota recurra a la pesca eléctrica en el mar del Norte (una práctica que fue prohibida en la UE en 1998 por considerarse un arte de pesca destructivo), pero el pasado mes de enero, tras una intensa campaña impulsada por los ecologistas, la Eurocámara aprobó por amplia mayoría la prohibición definitiva de la pesca eléctrica, en contra de la propuesta de la Comisión de alargar la excepción cuatro años más.
Sin embargo, miembros del Parlamento advierten ahora de la desmovilización de los gobiernos y de los partidos políticos durante las negociaciones con la Comisión y el Consejo. “Durante las negociaciones hemos visto diluirse los compromisos, hay una urgencia absoluta por movilizar a la Eurocámara para que sea firme con la prohibición”, ha declarado el eurodiputado verde Yannick Jadot.
Existe la preocupación de que, si no se vota el acuerdo final antes de las próximas elecciones europeas de mayo del 2019, el asunto perderá protagonismo e incluso llegue a producirse el efecto inverso: “Muchos gobiernos restan importancia al asunto dado que se trata del mar del Norte, pero si la pesca eléctrica en los Países Bajos se normaliza, es posible que la excepción se acabe extendiendo al resto de los mares europeos”, ha explicado Le Manach.
Una cuestión democrática
Por su parte, el eurodiputado conservador John Flack ha señalado que se trata de una cuestión democrática y ha denunciado que “la Comisión está trabajando a puertas cerradas para anular la votación”. Younous Omarjee, eurodiputado de izquierda unitaria, ha coincidido con su colega: “¿Cómo vamos a decir que el Parlamento Europeo tiene un poder real si no se respeta la voluntad de la mayoría?”. Omarjee opina que hay que ejercer “una presión máxima” sobre los gobiernos, especialmente a Francia, para que lleven la cuestión al Consejo Europeo.
Los ponentes han colocado en el punto de mira el triángulo institucional formado por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, y han denunciado que existe un binomio entre la Comisión y el Consejo que excluye a la Eurocámara de la toma de decisiones, una práctica que va en contra del espíritu y los valores de la UE.
El Periódico
