En una inusual medida de protesta, realizaron un “piquete” en la Fiscalía de Puerto Madryn. Quieren que enjuicien a Omar “Cura” Segundo por la venta fraudulenta de la empresa, pero el juicio no prosperaría porque la causa habría prescripto.
Alpesca sigue siendo una herida abierta para Puerto Madryn. Cientos de personas quedaron a la deriva; y muchas por su edad no han lograr reinsertarse en la actividad laboral. Ayer, un grupo de desocupados de aquella emblemática pesquera de la Patagonia encabezaron una inusual medida de protesta que incluyó un piquete con quema de cubiertas frente al edificio del Ministerio Público Fiscal.
Hace dos semanas, la Fiscalía de Puerto Madryn decidió no presentar acusación en la causa por el crédito de diez millones que el Estado provincial le había dado a Omar “Cura” Segundo cuando éste presidía Alpesca, y todos los funcionarios y empresarios quedaron absueltos.
Ahora, los extrabajadores presentaron un escrito para que la Oficina Judicial designe juez y fecha de juicio en la causa por la “venta fraudulenta”, sobre la cual ya confesaron y fueron beneficiados con la probation Federico Otero y su madre, además de uno de los hijos de Segundo. Pero la figura de la probation (suspensión de juicio a prueba) no fue aceptada para “Cura” Segundo.
El Código Procesal Penal de Chubut establece que todo procedimiento penal tendrá una duración máxima de tres años improrrogables contados desde la apertura de la investigación hasta la sentencia. La acusación se realizó el 19 de marzo de 2015 y producto de diversos recursos interpuestos, el proceso superó ya los tres años, y ni siquiera se fijó fecha de audiencia de debate, lo cual lleva a inferir que técnicamente la causa está prescripta.
Los manifestantes inicialmente se reunieron con Juan Paulo García, subdirector de la Oficina Judicial de Madryn, quien les dijo a los extrabajadores de la pesquera que desde el organismo judicial no fijan fecha de juicio para Omar Segundo “porque no hay jueces” y que para él “los plazos estarían vencidos”.
Luego, el fiscal jefe Daniel Báez recibió al dirigente gremial y empresario radiofónico Oscar Hughes y un grupo de trabajadores explicándoles que el subdirector de la Oficina Judicial no tiene autoridad procesal para resolver una cuestión de plazos, pero sí es su obligación designar Juez de cualquier jurisdicción y fijar fecha de juicio.
Los trabajadores en conjunto con la Fiscalía presentaron un pronto despacho ante la Oficina Judicial solicitando se designe juez y fecha de juicio oral y público por la presunta estafa en la compraventa de la pesquera.
Los trabajadores también buscarán reunirse con la jueza María Laura Eroles, a cargo del Juzgado Civil y Comercial que lleva adelante el trámite de expropiación de los bienes de la fallida compañía.
