El ministro Etchevehere destaca el rol de los trabajadores en el desarrollo y crecimiento del país, pero quitan incentivos para que la industria del procesamiento de pescado fresco pueda mantener lo poco que queda en pie. Por Roberto Garrone.
“Argentina tiene una enorme cantidad de recursos, pero sin dudas, lo más valioso que tenemos es nuestro recurso humano, el talento de nuestros trabajadores. Nuestra principal riqueza son ustedes, la gente de la pesca, los constructores de barcos; una industria que da empleo y genera valor. Nosotros no tenemos que entorpecer, sino facilitar este potencial”.
Las palabras del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere en el varadero de Astillero Contessi, con el pesquero “Acrux” a sus espaldas, hace diez días, abonan de buenas intenciones los discursos de un gobierno al que le urge ampliar la colección de brotes verdes mientras la devaluación, los tarifazos y la inflación exterminan el mercado interno.
Al lado del Ministro, con la ayuda de un bastón caminaba el Subsecretario de Pesca. “Vamos a hacer lo imposible para mantener los reintegros. La Gobernadora (Vidal) y el Ministro saben lo que representan; lo tienen claro”, dijo Juan Manuel Bosch.
Lo que vino a las pocas horas es conocido. El Decreto 639 perdió vigencia la semana pasada y a las pocas horas el Ministerio de Hacienda anunció un fuerte recorte a los reintegros de las exportaciones, para cumplir con las metas del Fondo Monetario. Lo que hasta antes del 12 de agosto percibía un reintegro del 11,5%, como el filet de merluza sin piel, ahora no llega al 2%.
La medida le quita estímulos al procesamiento de materia prima de origen marino en los frigoríficos de tierra. Parece el golpe de gracia a una industria pesquera marplatense que lejos de crear trabajo, lo pierde poco a poco.
Una industria que enfrenta la baja en los desembarques de pescado fresco y extraña el movimiento que generaban los barcos que siguen operando en la zafra de langostino, que ya sin planteos sindicales, no regresará a Mar del Plata hasta dentro de 60 días, mínimo.
Esa flota no tendrá que preocuparse de la amenaza que había lanzado Juan Bosch cuando visitó Mar del Plata junto con el presidente Macri. El funcionario había anticipado que sancionaría a las empresas que devolvieran cuota de merluza.
Esta semana la Subsecretaría emitió una resolución, en contradicción con el régimen de administración de CITC, que les permite a los armadores devolver esa porción de cuota que no pescan al estar operando sobre langostino.
Por si les hacía falta, otro golpe a los trabajadores de tierra que tenían la esperanza de mejorar el nivel de empleo en estos meses y poder escapar de un salario garantizado que los hunde en la pobreza.
Los únicos que asoman como nuevos actores en el sector son capitales chinos, como Fubao dentro de la jurisdicción del Consorcio con su nuevo frigorífico y Ardapez que se quedó con los fresqueros más chicos de Valastro, Solimeno y Cayo Largo. Con el apoyo del gobierno chino esos barquitos son más rentables.
Donde no hay rentabilidad hace un tiempo largo es en Loba Pesquera. La empresa se presentó en concurso preventivo. Los salarios caídos, el reajuste de la paritaria y las indemnizaciones de los 92 trabajadores entraron en la bolsa de acreedores. Aunque tengan prioridad, y la empresa negocia con Chiarco -otros chinos, oh casualidad-, para venderle el Sirius, el único activo apetecible que le queda, los obreros están condenados a tener paciencia.
La misma que por ahora exhiben los 88 trabajadores de INSER. El Frigorífico en Dellepiane al 300 no trabaja hace más de dos meses y la agonía de la toma de sus instalaciones se alarga con entrega de sumas de dinero semanales. Y promesas…muchas promesas.
Dónde está el apoyo del Gobierno a estos trabajadores, en qué medidas concretas se promueve la defensa de esos puestos laborales en la pesca marplatense. Cómo se cuidan los recursos humanos…”lo más valioso que tenemos”, como dijo el Ministro.
Mientras esas medidas brillan por su ausencia, el Fondo Fiduciario de la pesca subsidia a los armadores parte del costo de los trajes de inmersión para los tripulantes de los barcos fresqueros, obligatorios por disposición de Prefectura.