El proyecto de ley que pretende modificar la legislación pesquera de Chubut fue elevado por el Poder Ejecutivo el último viernes y recién hoy tomará estado parlamentario, pero las reacciones no tardaron en aflorar. La propuesta oficial continúa generando fuertes posicionamientos de diferentes vertientes de la industria.
Tras el feriado largo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) lanzó duros cuestionamientos a la propuesta oficial al considerar que cercena derechos y conquistas laborales, pero el dato más significativo es que se declararon en alerta y movilización, y notificaron al gobernador Mariano Arcioni, a los diputados y a las cámaras empresariales, que en caso de sancionarse la nueva ley de pesca, tal como está redactada, paralizarán la totalidad de las plantas de procesamiento de Chubut.
Motivos del rechazo
El STIA sostiene que hay un intento de “flexibilización laboral encubierta” al eliminarse la prohibición de contratación de personal a través de cooperativas, e interpretan que la desaparición de esa cláusula es una estrategia empresarial.
La organización sindical tildó de “perversos, avaros y miserables” a quienes redactaron el proyecto de ley “y se lo hicieron firmar al Gobernador” aprovechando “su debilidad política para avanzar sin ningún escrúpulo para hacer negocios sin importarles a quienes perjudican”, dijeron sin medias tintas.
Sin libre deuda laboral
Otro aspecto sobresaliente del rechazo al proyecto por parte del sindicato es que ya no se exigirá para la renovación de los permisos, presentar el “libre deuda laboral y previsional”. Es decir que, “si deben los sueldos a sus trabajadores; aportes jubilatorios; ART; Seguro de Vida; obra social e incluso si están en conflicto, el Gobierno le renueva sin ningún problema el o los permisos. Además, se pretende otorgar permisos en forma definitiva, es decir que, si actualmente hay innumerables conflictos por incumplimientos de la patronal, no hay que imaginarse mucho lo que ocurriría si los permisos no son precarios. Esto es uno de los peores retrocesos en materia de protección de los derechos de los trabajadores que impulsa un gobierno”, enfatizó el pronunciamiento del gremio que conduce Luis Emilio Núñez.
Sin exigencia de empleados
Asimismo, cuestionan la eliminación del requisito de “tener planta de procesamiento a la flota congeladora y fresquera de altura. La flota amarilla (de rada o ría) no tiene esa exigencia ni la artesanal. Retiradas estas exigencias las empresas con este tipo de embarcaciones pueden hacer lo que quieran con el recurso, aunque en Chubut la gente se esté muriendo de hambre. ¿Qué hombre de Estado puede promover esta basura legal? Se elimina el requisito de tener por metros cúbicos de bodega tantos trabajadores, tanto a la flota congeladora como a los fresqueros de altura”, añade el cuestionamiento. Aunque sobre este particular cabe acotar que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que dictó un fallo de inconstitucionalidad sobre esa exigencia que figura en la actual Ley de Pesca Nº IX-75.
Precarización laboral
En tanto, uno de los nudos del rechazo sindical es por la eliminación de la prohibición de no poder contratar cooperativas o empresas de servicio a las empresas que poseen permisos de pesca provincial, para las labores de producción. “Es un retroceso muy perjudicial para los trabajadores. La tercerización fue una forma de precarizar al trabajador, no pagar aportes, fraude laboral a la orden del día y nosotros cambiamos esta realidad peleándola y metiendo cambios a la legislación pesquera que estos hoy pretenden borrar de un plumazo”, reprochan al tiempo de advertir al sector político: “No se lo vamos a permitir”.
Procesamiento afuera
El STIA advierte que la modificación de la ley habilitará a sacar pescado sin procesar de Chubut para su manufactura en otras provincias, atentando contra la generación de empleo local. “Se elimina la prohibición de sacar especies de aleta (merluza y otras) sin que tengan como proceso mínimo el de filet. Este Gobierno ya había autorizado a sacar HG (proceso primario) de merluza en franca violación a la Ley de Pesca vigente Nº IX-75 que solo permite sacar productos que tengan un mayor valor agregado al del filet refrigerado. Aquí queda claro que la declamación del actual Secretario de Pesca provincial de darle mayor valor a nuestros recursos pesqueros, Gabriel Aguilar, es puro cuento”, enrostró la conducción del sindicato.
Festival de permisos
Finalmente, manifiestan un fuerte rechazo a la modificación del estatus de los permisos de pesca, como a la intención de aumentar el número de licencias provinciales. “Se incrementa el número de permisos, pasa de 37 establecidos en la Ley Provincial de Pesca, más los que se otorgaron a dos empresas de Comodoro (Ecoprom y Conarpesa) y cinco a la firma Red Chamber (por Legislatura: 44 permisos), a 56. Son 12 permisos más que se otorgarían o que se otorgaron y quieren blanquear. Con una serie de exigencias en desmedro de nuestro recurso”, cuestionan en relación al polémico artículo 34 del proyecto de ley.
El gremio alertó que ante estas circunstancias “de tratarse y/o aprobarse pararemos la actividad en defensa de nuestros derechos”, al tiempo que anunciaron la convocatoria urgente a un plenario con los delegados de comisiones internas de todas las empresas para este viernes, ante lo que consideran “este insulto a las trabajadoras y trabajadores del sector”.
