El gravamen que obligaba a pagar el valor de un litro de gasoil por cada cajón descargado en los puertos para las embarcaciones marplatense y de medio litro para los barcos provinciales nunca se aplicó y el Gobierno provincial ahora analiza dejarlo definitivamente sin efecto. Buscarían instrumentar una suba de una tasa por las capturas de recursos del mar.
La ley que creaba el Fondo Ambiental Provincial (FAP), más conocido como el pago de un canon por cada cajón que se descarga en los puertos de Rawson, Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia no fue instrumentada ni aplicada por el gobierno de Mariano Arcioni y así el derrame de fondos que prometía para los municipios nunca llegó.
Desde el Ministerio de Gobierno que conduce José Grazzini estuvieron en contacto con empresarios del sector pesquero provincial, para avanzar en una propuesta que había delineado tiempo atrás el secretario de Pesca, Adrián Awstin, y que apunta a duplicar el valor que abonar las pesqueras por la captura y extracción de los recursos del mar.
Esta tasa está incorporada en la Ley XXIV Nø 17 (antes Ley 2409), que en su artículo 1 fija un valor sobre los recursos que se obtienen de productos del mar, el que será pagado por las personas físicas o jurídicas dedicadas a la captura, extracción y recolección de los mismos, con fines industriales o de comercialización.
La ley establece un valor del 4% del precio del kilogramo de los recursos vivos del mar (peces, bivalvos, mariscos) resultante de la primera venta, en el lugar de origen o que sean desembarcados en puertos sitos en la Provincia, ya sea con destino interno o a la exportación.
Sin embargo, las empresas pesqueras están desembolsando solo el 2 por ciento, porque el artículo 3 de la ley sostiene que «el monto que se debe pagar se reducirá en un 50% cuando los productos se destinen a su elaboración en industrias radicadas en tierra en esta Provincia».
En el Gobierno consideran exiguo el 2% que paga la pesca y tomaron como parámetro la minería, que liquida regalías por el 3% y que genera un nivel de mano de obra y de infraestructura mucho mayor que la pesca.
Según indicaron a EL CHUBUT, la tasa actual es del 2 por ciento y el Gobierno estudia llevarla al 5 por ciento. De concretarse, Provincia absorbería el 3 por ciento y el 2 por ciento restante se repartiría entre los municipios que tienen puertos en sus ciudades.
NO HUBO VOLUNTAD POLITICA
El canon al cajón de langostino despertó malestar en el sector pesquero y, una vez instalado el problema, hubo cruces sobre si el gravamen lo tenían que abonar los barcos o las plantas pesqueras.
También hubo complejidades sobre la cobrabilidad de este canon. Frente a este inconveniente, la ley fue modificada y se agregó un artículo que habilitaba al Gobierno provincial a emitir certificados de deuda para ejecutar a todas las empresas pesqueras que no habían efectuado el pago, pero, además, impedía que los empresarios deudores puedan seguir descargando langostinos hasta que no hayan saldado la deuda.
Los fondos millonarios que estipulaba recaudar este fondo eran distribuidos en un 50% para el Gobierno de Chubut y la mitad restante para los municipios con puertos. La utilización estaba destinada a remediar pasivos ambientales que genera la misma industria pesquera.
Fuentes del Gobierno aseguraron a EL CHUBUT que se está avanzando en un mecanismo paralelo para dejar sin efecto en forma definitiva el Fondo Ambiental Provincial y elevar una tasa que actualmente paga la flota pesquera.
