Estibadores de Puerto Madryn estuvieron ayer en EL CHUBUT para expresar su malestar ante un fallo del Superior Tribunal.
El Superior Tribunal de Justicia le dio la razón en un reciente fallo al empresario Omar «Cura» Segundo en un litigio impulsado por 40 trabajadores de la estiba y un capataz de Puerto Madryn, que reclaman diferencias salariales que no cobraron durante más de una década, aunque por cuestiones legales se circunscriben a dos años.Los estibadores, que hoy mejoraron sus condiciones laborales, acusan que «hay una mano negra en la Justicia chubutense» a la que vinculan con «el poder político».
En el juicio están en juego alrededor de un millón de dólares que la Justicia de Madryn había embargado una parte en primera instancia al «Cura» Segundo, pero luego la Cámara de Apelaciones y el STJ lo desestimaron. El Juzgado laboral de Madryn determinó en una pericia contable que Socía les había pagado a los trabajadores la mitad del sueldo, pero ahora se quedaron sin nada.
Hay cinco juicios en marcha de los cuales dos prosperaron en la primera instancia pero tuvieron un inesperado revés judicial en las posteriores apelaciones. En el ámbito judicial causó sorpresa la sentencia que lleva las firmas de los ministros del STJ Alejandro Panizzi y Miguel Angel Donnet, puesto que al parecer resolvieron en «la cuestión de fondo», además de desestimar el embargo, dijo una fuente. Todavía quedan otros tres juicios por resolverse y todo parece indicar que el STJ marcó una tendencia. Curiosamente, la Cámara de Apelaciones antes había ratificado el embargo en primera instancia, pero luego falló en contra de los trabajadores en la cuestión de fondo. «Sentimos que el poder político tiene más fuerza cuando se trata de plata que la Justicia en sí. Tenemos nombres y apellidos pero no los queremos dar a luz; es gente que anda por los barrios haciendo campaña», acusó el referente de los estibadores Walter Goyeneche, quien hace dos años que no puede trabajar porque el gremio se lo impide a pesar de que tiene una sentencia favorable en la Justicia.
Más de 60 estibadores de familia de portuarios, que se criaron junto con el Cura Segundo en el mismo barrio, trabajaron durante más de una década para la empresa Socía sin el amparo de ningún convenio colectivo. Tampoco les permitían afiliarse al gremio de los portuarios y algunos de ellos sufrían constantes amenazas en sus actividades.
Según graficó el vocero del grupo, Walter Goyeneche, «si en 2001 el convenio marcaba que el salario era 240 pesos, entonces nos pagaban 160 pesos». Explicó que entre el año 2000 y el 2011, «el Cura Segundo nos pagaba siempre en un sobre común, no estaba bancarizado, y sin el recibo correspondiente». Producto de esto, hay trabajadores con más de 50 años «que no pueden jubilarse, porque no tienen aportes».
Cansados de la relación con el «Cura» Segundo, los estibadores designan a dos delegados que empiezan a llevar un registro contable del dinero que no les pagaba la empresa por sus jornales. «Se logró retener un millón de dólares y se lo quiere llevar no sé quién, una mano negra», dijo Goyeneche apoyado por sus compañeros.
«En este momento ganamos muy bien, pero fuimos humillados 20 años: nos echaban cuando querían y es un derecho constitucional de reclamar lo que nos correponde. Nos pagaban la mitad de sueldo: nos engañaron y nos robaron», concluyeron.
