El juez federal Rodolfo Canicoba Corral decretó el fin de la intervención judicial en la obra social del Sindicato de Obreros Marítimos Unido. Con esta decisión, el magistrado regresó a los trabajadores el total control del gremio y los servicios de salud para sus afiliados.
Canicoba ya había levantando la intervención del sindicato en marzo del año pasado, tras las elecciones que consagraron al secretario general actual Raúl “Ruli” Durdos y su adjunto Daniel Mereles, dos dirigentes afines al moyanismo.
“Decrétese el cese de la intervención Judicial de la Obra Social del Personal Marítimo y las funciones de los doctores Tejeda y Garrido. Quedan en posesión de sus cargos las autoridades electoras para continuar al frente de la Obra Social”, escribió Canicoba en su sentencia.
La injerencia del Gobierno y la Justicia en el SOMU arrancó en febrero de 2016, luego de la detención del hasta entonces líder, Omar “Caballo” Suárez, e incluyó un escándalo que tuvo como protagonista al exministro de Trabajo Jorge Triaca y a Sandra, la exempleada de su familia no registrada que también era delegada de la intervención en el SOMU de San Fernando. Pero ese no fue el único aquelarre.
A fines de marzo pasado, el mismo día que las nuevas autoridades expulsaron a Suárez del sindicato, un Congreso ordinario de la organización rechazó los balances del 2015 al 2018, cuando estuvo a cargo de funcionarios de Cambiemos. Durdos y Mereles aseguran que no pueden aprobar los ejercicios económicos sin tener acceso a los expedientes de ingresos y gastos durante la gestión de Gladys González y Silvio Torres.
Al comienzo de la gestión el SOMU poseía casi 15.000 afiliados, que luego de la injerencia quedó poco más de 8.000. En el sector afirman que en este tiempo unos 4.500 marítimos se quedaron sin empleo.
