La Secretaría de Trabajo de Chubut y el STIA quieren que la Municipalidad de Madryn habilite una planta de procesamiento a pesar de que no reúne los requisitos administrativos. En el medio hay un litigio entre Ipesur y Food Arts.
Con el remanido argumento de la preservación de la paz social, la delegación de la Secretaría de Trabajo a pedido del Sindicato de la Alimentación envió al Concejo Deliberante de Puerto Madryn el pedido de “urgente” habilitación municipal de una planta pesquera de un privado.
El organismo provincial con la firma de la delegada de Trabajo, Marcela Curache, plantea que la planta de procesamiento de Food Arts, que antes era Kaleu Kaleu, obtenga una habilitación municipal para comenzar a operar, independientemente que no reúna determinados requisitos administrativos, y el argumento es que los trabajadores solo están cobrando el ‘mínimo garantizado’ y no pueden hacer la diferencia de ‘productividad’.
Para entender la situación debe señalarse que hay un litigio entre privados. La empresa Ipesur solicitó el desalojo de Food Arts de la planta en cuestión por un conflicto contractual entre las partes.
En la nota dirigida a las diferentes bancadas del Concejo Deliberante les piden que tengan a bien “disponer la excepción a la norma prevista, en lo medular, al artículo 6 de la Ordenanza 2011/97 (Texto Ordenado por Ordenanza 8.353)” y, por consiguiente, “procurar la habilitación provisoria de la planta fabril de la sociedad Food Arts”.
La cartera de Trabajo y el STIA dicen como argumento que “la gran e inestimable preocupación que aqueja a los trabajadores, más de 100 con sus respectivas familias madrynenses, por falta de habilitación municipal de la plana de su empleadora, único medio de vida y de naturaleza indudablemente alimentaria”.
Dicen en ese contexto que “el conjunto de trabajadores de la empresa, al no poder desplegar sus labores, no percibe los salarios de la productividad, solamente recibe en pago el salario garantizado” y que, “sumado a ello, la inflación imperante y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo, calan aún más hondo en el conjunto de estos trabajadores que se ven impedidos de prestar tareas”.
Vale aclarar que la falta de habilitación municipal radica en la falta de “contrato de locación”, es decir la firma no puede certificar que tiene algún control ni propiedad, ni de arrendamiento sobre las instalaciones que pretende sean habilitadas, y a tal fin, presionan a través del sindicato y la delegada de Trabajo.
Con los trabajadores como escudo se solicitó a la Municipalidad obviar el requisito que un particular deba demostrar que tiene el control del predio y que se le brinde ante “la proximidad de apertura de la temporada provincial de pesca, la cual se inicia en el mes de noviembre 2018”, por lo que piden “la habilitación provisoria se otorgue hasta el 30 de abril de 2019”.
Revista Puerto
