Irregularidades en cooperativas pesqueras. El enrarecido clima que vive la actividad pesquera en la provincia de Santa Cruz y el inequívoco cruce de operaciones entre empresas, cooperativas y el Gobierno provincial, con múltiples “carpetazos”, ha hecho que se empiecen a ventilar algunos ‘trapitos al sol’.
El “fuego cruzado”, valga la metáfora, entre diferentes actores de la pesca santacruceña recrudeció en el inicio del año, y de la información pesquera biológica o económica se pasó a la crónica policial e investigaciones judiciales.
En octubre de 2024, la planta pesquera de Caleta Olivia, expropiada en 2009 por el Estado santacruceño a la firma Antonio Barillari, inició un conflicto entre las cooperativas que le proveían mano de obra a la empresa Vepez que desde hace más de una década explotaba comercialmente la pesquera.
Vepez alegó haber sido apretada por las cooperativas para que les realice aportes extraordinarios y una suba salarial, tras lo cual dio un portazo y dejó de operar en la ex Barillari. Las dos cooperativas, El Dorado y 20 de Noviembre, intentaron dar continuidad a las operaciones, pero no tenían quien les provea materia prima ni quien les compre la producción, según publicó rp.
A todo esto, la Justicia ordinaria de Santa Cruz ordenó que le sean restituidas las maquinarias existentes en la planta a la firma Vepez, que pudo demostrar que eran de su propiedad. A resultas de esto, se inició una toma de las instalaciones por parte de los ‘empleados’ de las cooperativas.
El gobierno de Claudio Vidal, a través del Ministerio de Trabajo, arremetió contra las cooperativas en cuestión, y hace dos semanas dio a conocer que se detectaron “serias irregularidades” por lo que se tomaba la decisión de desplazarlas y reasignar el ingreso de otras dos cooperativas de trabajo, a esa planta expropiada que sigue estando bajo el control estatal.
En ese contexto, se reveló que las cooperativas de trabajo El Dorado y 20 de Noviembre habían sido sancionadas con una multa de 1.000 millones de pesos.
Fue el ministro de Producción, Gustavo Martínez, quien ejerce en rigor la conducción de la Subsecretaría de Pesca, el que dio a conocer que se había aplicado semejante penalización administrativa y pecuniaria a las entidades cooperativas “por no tener aportes en regla, personal que trabajaba sin papeles y menores de edad trabajando sin autorización”.
A los observadores locales y conocedores del paño, no deja de sorprender que esas irregularidades fueron detectadas cuando la empresa Vepez dejó la planta, pero nada de ello se verificó durante los largos años en que esas cooperativas les prestaban servicio.
Con todo, la gravedad de las irregularidades que constató el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz: falta de aportes, personal no registrado y menores de edad trabajando, tienen una magnitud tal que parece haber sido soslayada en medio de la puja de fondo existente. En la provincia de Santa Cruz, la legislación no prohíbe el uso de cooperativas de trabajo para la actividad pesquera, al punto que el propio gobernador -de extracción sindical- ha sido un ferviente defensor, pero este tipo de situaciones vuelve a ponerlas en el ojo de la tormenta.