La empresa Ipesur dueña de la propiedad donde funciona la planta de procesamiento Food Arts iniciará acciones legales ante la “habilitación provisoria” que le otorgó el Concejo Deliberante de Madryn. La ordenanza colisionaría con el ordenamiento jurídico de mayor rango. El STIA fue el principal lobbista del empresario Carlos Suaya.
La controversia por la “habilitación provisoria” de la planta pesquera Food Arts otorgada por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn prevé continuar en los estrados judiciales. La propietaria de las instalaciones donde funciona la procesadora es la firma Ipesur, la cual desistió de continuar alquilándole la planta por falta de pago e incumplimiento contractual.
Food Arts es propiedad del empresario Carlos Suaya, el mismo que despidió 700 trabajadores de PC Arts, la firma que controla la marca Banghó. Para lograr que le habiliten la planta a pesar de no tener contrato de alquiler de las instalaciones buscó de aliado a la dirigencia del Sindicato de la Alimentación, que se transformaron en su principal “gestora” en el conflicto.
La Municipalidad de Puerto Madryn no le renovaba la habilitación comercial en virtud de que Food Arts no podía demostrar que las instalaciones fabriles le pertenecían o tenía contrato vigente de alquiler. Suaya, a través del STIA, hizo que los trababajadores salgan a la calle, protesten, quemen cubiertas, presionen a los concejales para conseguir un resquicio que le permita contar con la habilitación.
La cuestión se remonta a fines de 2016, cuando se venció el contrato de alquiler e Ipesur inició acciones de desalojo contra Food Arts; a esa altura ambas empresas habían disuelto la asociación que mantenían. Además de ese litigio se sumaron otras demandas cruzadas entre las compañías.
Por la vía judicial
Con el STIA como principal gestor político, Food Arts consiguió que se aprobara una ordenanza por la cual se exime del requisito de presentar algún tipo de respaldo sobre la propiedad donde funciona la planta de procesamiento. De ese modo, se ordena al Municipio a otorgarle una “habilitación provisoria” hasta fines de marzo de 2019.
Ipesur anticipó a los concejales que esa normativa local colisiona con ordenamiento jurídico de mayor rango, y hasta se pediría su inconstitucionalidad, por violar presuntamente la Constitucion Nacional en lo referido a la propiedad privada.
En el Concejo se recepcionó el posicionamiento de Ipesur que expresa: “La totalidad de las presentaciones de Ipesur se han encaminado desde siempre a resguardar el patrimonio de la empresa, ante el poder ilegítimo y dañoso de parte de la conducción de la firma Food Arts S.A., empresa que se encuentra ocupando ilegítimamente el establecimiento propiedad de Ipesur S.A., y respecto del cual inclusive han llevado a cabo obras de demolición sin permiso alguno”, describieron.
Peligroso precedente
El representante legal de Ipesur le avisó a los concejales que “el conflicto se ha desatado por la falta de asignación de tareas al personal dependiente de Food Arts S.A. y la amenaza de la pérdida de fuentes de trabajo tiene un único responsable y ése es la dirección de la firma Food Arts S.A.”, añadiendo que “la pretensión de dictar una ordenanza que excepcione a Food Arts de contar con un contrato de locación suscripto por el titular del inmueble, o bien una autorización de uso por un plazo determinado, implica lisa y llanamente atacar el derecho de propiedad de Ipesur S.A. y consagrar un gravísimo error inconstitucional al sentar un precedente por el cual, en el futuro, cualquier empresario al margen de la ley puede poner a las fuentes de trabajo como prenda de cambio para obtener beneficios ilegítimos”, señalaba la advertencia escrita.
“Atropello a la propiedad”
El Concejo Deliberante finalmente dictó una ordenanza de excepción ante la presión del STIA, después de haber estado varias horas retenidos hasta que se comprometieron a aprobar la polémica ordenanza. “De dictarse una norma de semejante tenor, Ipesur S.A. se verá en la obligación de concurrir a los estrados judiciales a plantear la inaplicabilidad de la misma, demandando asimismo el resarcimiento económico que por derecho corresponda a quienes sean legalmente responsables de semejante atropello al derecho de propiedad”, puntualizando que “a pesar de las declaraciones públicas de diferentes sectores que quieren poner a Ipesur en el rol de villano de lo que acontece, perjudicando a los trabajadores, cierto es que (la empresa) lejos está de cumplir dicha función”, indica el escrito que recibieron los ediles.
Revista Puerto
