La ilegalidad es la regla que mueve a la gestión pesquera. Es lo que se ve en ciertas decisiones administrativas que toma el Subsecretario de Pesca directamente. También en actas y resoluciones que dicta el Consejo Federal Pesquero.
La emisión de un permiso de pesca al buque José Américo de forma irregular, su renovación el pasado 27 de julio y la autorización a despacho a la pesca de langostino, en franca violación a toda la normativa vigente, es un atropello exclusivo del Subsecretario de Pesca; pero hay otros, varios, que Juan Manuel Bosch realiza en complicidad con los miembros del Consejo Federal Pesquero.
La última perlita es la Resolución 10, que no solo legitima la violación al artículo 27 de la Ley Federal de Pesca y al Régimen de Administración por Cuotas, sino que además contradice la recientemente firmada Resolución 7 del CFP. “El primer paso de un plan de manejo para langostino”, como lo definió Bosch, ya no se está cumpliendo y ningún consejero intervino para alertar sobre la inobservancia de la normativa vigente que esta nueva resolución implica. Lo único que hicieron fue exhibir, en el Acta 23, una declaración de apoyo por parte de UDIPA a la medida, como si esto la legitimara.
El Régimen de Administración por Cuotas fue mecanismo que estableció la Ley Federal de Pesca en 1997 y se aplicó después de largos años de debate y enfrentamientos, denuncias de corrupción, barcazo, acuerdos y finalmente un consenso que tardó 12 años en concretarse. El fin que persiguió la cuotificación fue el de fijar parámetros de cierta equidad para ordenar la pesquería y manejar de forma sustentable el recurso, especialmente la merluza hubbsi que corría entonces riesgos de sobreexplotación.
Como la cuota es una concesión que el Estado hace a los particulares por 15 años, siempre y cuando mantengan los parámetros por los que se otorgó, es que para garantizar el mayor aprovechamiento de los recursos se estableció una penalización para quienes no hiciesen uso de su cuota. El artículo 13 indica que se extinguirá “totalmente, por no capturar la especie durante dos años, consecutivos o no; y parcialmente, por capturar un porcentaje inferior al 90 % durante dos años consecutivos o tres alternados”. Se aclara que en este caso la CITC “se extinguirá en el promedio del porcentaje faltante hasta 90%”.
Pero la aplicación plena del Régimen de Cuotas duró muy poco. En 2012 un paro de 90 días que realizó el SiMaPe en medio de una puja por representatividad con el SOMU, perjudicó seriamente a los armadores impidiéndoles hacer uso de su cuota. En este contexto se aceptó el dictado de una resolución transitoria que permitió a los armadores poner a disposición de la Autoridad de Aplicación las toneladas de merluza que no llegarían a pescar, eximiéndolos así de la penalidad que estable el Régimen de Cuotas.
En 2012 las plantas pesqueras sintieron, gracias a los siempre solidarios gremios marítimos, el primer cimbronazo después de varios años de continuidad laboral. Muchos obreros en relación de dependencia comenzaron a subsistir con la garantía horaria y los que desde la década del 90 quedaron en la precariedad del sistema cooperativo trucho, terminaron en la calle.
La resolución transitoria se transformó en un mecanismo de incumplimiento normativo legitimado por el Ejecutivo Nacional y aprobado por el Consejo Federal Pesquero desde 2013 a la fecha: en sucesivas resoluciones ha renovado sin justificativo la posibilidad de devolver sin penalidad el porcentaje de cuota que no se capture.
Desde entonces la pérdida de empleo en las plantas procesadoras no ha cesado y cada vez son más las que mantienen su personal en relación de dependencia con una garantía horaria que no logra cubrir la canasta básica. La situación se agravó en los últimos años con la migración sin precedentes de barcos fresqueros a la pesquería de langostino.
Entre 2012 y 2018 el número de barcos fresqueros en la pesquería de langostino se multiplicó; unos 70 barcos partieron de Mar del Plata este año. “Hacen lo que quieren, van al langostino, no traen materia prima, total no pierden la cuota y la gente no tiene trabajo”, se lamentaba Cristina Ledesma ante la novedad de que este año nuevamente se había aprobado la devolución de cuota de merluza.
Lo inaudito de que el Consejo Federal Pesquero haya aprobado la Resolución 10 propuesta por el Ejecutivo Nacional, que permite nuevamente devolver la cuota de merluza sin penalización, no solo es que viola una vez más el Régimen de Cuotas sino también la Resolución 7 aprobada por el mismo organismo hace apenas tres meses. Ésa que prometía ser “el primer paso del plan de manejo de langostino”, según lo definió el Subsecretario de Pesca ante este medio.
El artículo 25 de la Resolución 7 dice textualmente: “El incumplimiento total o parcial del régimen de explotación de la CITC de merluza común establecido en la Resolución CFP N° 23/2009, no será justificado en los casos en que el buque se haya dedicado a la captura de langostino como especie objetivo durante el período anual”.
Desde todo punto de vista, las resoluciones que el Consejo Federal Pesquero aprobó desde 2013 a 2017 han violentado el Régimen de Cuotas al no tener ningún justificativo social, económico o biológico que las respalde y este año, además, se ha sumado la violación de la Resolución 7 que el propio Consejo aprobó en mayo pasado, como conclusión de una serie de reuniones que mantuvo con el sector pesquero para el trazado del plan de manejo de langostino.
Además de ser una resolución que legitima el incumplimiento, genera un grave perjuicio a los trabajadores de tierra de Mar del Plata, una de las ciudades con mayor desocupación de la Argentina, algo que a este grupo de burócratas poco y nada les importa.
