Con la excusa del coronavirus la justicia le dio la libertad a Omar “El Cura” Segundo; capo de la mafia pesquera y el narcotráfico de Puerto Madryn
El taxista Juan Burgos estaba alojado en Devoto por el caso. Pero por la pandemia quedó arrestado en su casa de Mar del Plata. El mismo beneficio había obtenido el “Cura” Segundo. El español Aranda Barberá fue expulsado a España y el bróker pesquero Nicolás Seoane escapó y nunca fue encontrado.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Juan Eduardo Burgos, el único que seguía en cárcel común de los 4 condenados por los 110 kilos de cocaína hallados en la planta de Poseidón en Puerto Madryn. Lo resolvió el juez Enrique Guanziroli a solicitud de la Defensa Pública Oficial de Burgos, que se basó en la crisis del coronavirus. La decisión se fechó el 27 de abril.
El hombre deberá residir en una vivienda de Posadas al 200 de Mar del Plata. No podrá salir ni ausentarse del domicilio por ninguna circunstancia, “excepto graves y urgentes motivos médicos atendibles, que debe acreditar y poner en conocimiento del Tribunal”, advierte el texto de la resolución.
Burgos acatará todas las previsiones que dicte el Ministerio de Salud de la Nación por la emergencia sanitaria y designará un referente que aportará un número de contacto.
No podrá abusar del alcohol, usar o tener estupefacientes o armas, ni cometer nuevos delitos. Si incumple volverá de inmediato a una cárcel federal para cumplir su pena.
Por lo pronto, el Servicio Penitenciario Federal lo trasladará a ese domicilio de La Feliz. Antes se realizará un testeo COVID-19 e informará su resultado. Su arresto domiciliario tendrá controles periódicos semanales y el “Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” elaborará un informe técnico para saber si es viable colocarle una tobillera.
Burgos estaba en el penal de Devoto. Su Defensa argumentó que en esa cárcel ya había 4 médicos y enfermeros infectados y graves, y dos presos. Consideró “urgente” otorgarle el beneficio al condenado en Chubut, “más aún teniendo en cuenta el reciente motín de reclusos”.
Guanziroli coincidió y recordó las recomendaciones y medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en relación a la pandemia y lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal: resguardar a los presos que por sus condiciones de salud o su edad integren el grupo vulnerable.
Sobre el caso de Burgos, “se encuentra verificado un grave riesgo de contraer la enfermedad, que requiere condiciones de higiene, aislamiento y cuidados que no podrían brindársele con eficiencia en el instituto carcelario donde se halla y que tornarían difícil su atención y más en el caso de producirse el contagio”.
Para el juez hay que asegurar el derecho a la salud tanto del interno como de la población intramuros. Es que si ocurre un contagio interno, “expone a todos y en diferente grado de gravedad conforme su edad y comorbilidades”.
En 2017 Burgos fue condenado a 4 años de prisión por transporte de droga, y a una multa de $ 8.000. Taxista y yesero, el español Alfredo Aranda Barberá –otro de los involucrados- lo contactó en Mar del Plata para armar el operativo. “Le permitió aprender a seleccionar crustáceos y a engrosar en las cajas efectos que nada tenían que ver con productos marítimos”, dijo en su momento la sentencia.
De ser un “supino ignorante” de la pesca, se asoció para formar Mar Pesca Azul. “Por los beneficios ofrecidos no trepidó en asociarse al casi desconocido y habilitar el desarrollo de tareas encomendadas colaborando con Aranda, a quien recién conocía”.
“Que haya sido taxista y asumido con intrepidez trabajos de detección de productos de pesca no le vedó acometer con más atrevimiento mayores faenas, hasta que su versatilidad lo llevó a clasificador de langostinos, claro que con sus derivados ilícitos”, evaluaron los jueces en su momento.
Para el TOF, “Burgos participó a sabiendas de sus actividades lícitas y las marginales por sus ventajas”. Fue “un intenso colaborador, en asuntos concretos y puntuales, en la ilegalidad de los otros”. Fue protagonista secundario en la maniobra, “aunque seguramente de haber tenido éxito lo habría enriquecido”.
Cura
Este año, Héctor Omar “Cura” Segundo también se fue a su casa por el coronavirus: es diabético.
Estaba condenado a 9 años de prisión por acopio de droga. El empresario de la estiba y la pesca fue considerado dentro del grupo de riesgo: es diabético “tipo 1”, lo que significa que no es insulinodependiente. Estaba preso en la U-6 de Rawson. La Justicia consideró que de producirse un brote de la pandemia en el presidio sería una complicación tenerlo alojado allí. Por eso “la conveniencia de mantener distanciamiento social obligatorio en su vivienda”. En la ciudad del Golfo tiene controles periódicos semanales.
Prófugo
En noviembre de 2019, el TOF había declarado la rebeldía de otro de los protagonistas, Nicolás Seoane. Ordenó su inmediata captura y traslado a una cárcel federal. Seoane es un bróker pesquero condenado a 9 años de prisión por transporte de estupefacientes. Se fugó y nunca lo hallaron.
Los jueces Nora Cabrera de Monella y Guanziroli ordenaron su búsqueda ya que el 25 de octubre de ese año un policía federal intentó detenerlo pero no encontró a nadie en su casa de Monseñor Alberti 235, San Isidro, provincia de Buenos Aires. La morada tenía un cartel de venta y la familia que la ocupaba la había desalojado entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Sólo había personal de mantenimiento.
Seoane –ya firme su condena- no se presentó en la sede del TOF ni pidió autorización para dejar el domicilio.
Según el fallo de octubre de 2017, había sido el “gestor directo” del operativo narco. “Fue quien acercó a las partes interesadas en llevar encubiertamente el langostino con la cocaína al exterior”.
Seoane propuso Madryn a los españoles como puerto de salida. Acudió a su antiguo conocido, Segundo. “Hubo frecuentes llamadas entre Seoane y el resto del grupo durante los días en que arribó la carga a Chubut. La relación de todos era frecuente y en los momentos comprometidos, demostrando que el traslado y la breve espera antes del ingreso a planta no estuvieron fuera de su control y que si no adoptó medidas excepcionales para su protección fue para no ponerse en evidencia”.
“Continuó todos los recaudos para amparar la carga delictiva con ahínco; utilizó la documentación para el cargamento en tránsito, que luego resultó un permiso falso, hasta cambiar las cajas con el logo de otra empresa para facilitar su salida del país”.
El bróker mantuvo la carga en Poseidón y “recurrió a rebuscadas operaciones para enmascararla y sacarla del país”.
El empresario “estaba inquieto, iba todos los días y no era común esa insistencia en los propietarios de las cargas, lo que llama la atención”.
Según la pericia del celular de Seoane, “hay inusual falta de mensajes de texto” entre el 2 al 22 de mayo. Es justo cuando la carga se preparaba en Mar del Plata o viajaba a Madryn. “Estos fuertes indicios revelaron su propósito de ocultar conversaciones o mensajes con otros que podrían comprometerlo y demuestran su dolo en la operación con los tóxicos”.
La carga se depositó en la planta que Seoane gestionó. “Llevó a cabo cuanta maniobra tuvo a su alcance para lograr exportar el tóxico ilegal con su cobertura”.
Al Viejo Mundo
Por su parte, Aranda Barberá, cerebro del frustrado contrabando, fue expulsado a España el año pasado y no podrá reingresar al país. También lo decidió el juez Enrique Guanziroli. El propio empresario condenado lo había solicitado luego de su condena a 9 años de prisión por transporte de estupefacientes. Estaba preso en la Unidad 6 de la capital y completaba su condena el 28 de septiembre de 2023.
La Dirección Nacional de Migraciones ya había declarado la “irregularidad” de la permanencia de Barberá en Argentina y ordenó su expulsión con prohibición permanente de reingreso. Además del Caso Poseidón, el español no tenía antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia. Por eso cumplió los requisitos para partir. Bajo custodia, en Europa fue entregado a las autoridades de Interpol de España.
Barberá era de Valencia. Según el fallo que lo condenó, simuló estar interesado en una carga de langostinos que se acondicionó en Mar del Plata para viajar a Madryn y de ahí ser exportado. “Su real inquietud encubierta y sus propósitos en exclusiva eran la calidad y cantidad que presentaron los tóxicos y su valor en la plaza europea de destino. Abordó un largo viaje al sur y posteriormente al exterior, donde viajó inmediatamente, lo que explica que su interés nunca fueron los crustáceos sino su compañía”, analizaron los jueces.
Buscaba una carga de buen precio más que de buena calidad. “Esto reveló el verdadero cometido del fin y presencia en la zona de Aranda Barberá, que no era llevar a Europa los mejores productos del mar argentino, sino los tóxicos prohibidos obtenidos y remitidos encubiertamente”.
Para el TOF, es “obvio” que Barberá en la planta marplatense embaló los langostinos con la cocaína. “La manipulación individual corrió por cuenta de Aranda y su grupo, que tenían acceso a las cámaras y contando con el tiempo más que suficiente para introducir los casi cien paquetes de preparación subrepticia”.
Para la exportación creó la empresa Mar Pesca Azul. “Fue una pantalla para disimular las verdaderas acciones de los protagonistas, que más que exportar pescado, les interesaban los tóxicos prohibidos”.
