Empezó la cuenta regresiva. La Secretaría de Pesca de Chubut remitió las cartas documento a los siete permisionarios de las nuevas licencias de pesca que fueron otorgadas por el gobierno anterior, en las que le permiten seguir usufructuando esos permisos si se allanan, sin protesta ni reclamo, a abonar determinada suma de dinero.
En un procedimiento administrativo, sin precedentes, el Estado de Chubut invita a quienes obtuvieron esas licencias de pesca, nacidas a partir de Ley IX Nº 157, sancionada en la madrugada del 23 de diciembre de 2022, a que se avengan a abonar un monto determinado de dinero, teniendo el ‘privilegio’ de aceptarlo y quedarse con las licencias; caso contrario, recién el Estado promovería la revocatoria para su posterior licitación. Nunca antes se ha hecho algo parecido.
Según publicó Parte De Pesca, se trata de siete permisos de pesca que otorgó el gobierno de Mariano Arcioni, a través de la secretaría de Pesca que conducía, Gabriel Aguilar, y que fueron fruto de la última sesión de la Legislatura de Chubut de 2022.
Bajo siete llaves
Hasta ahora siempre se habló de los tres permisos de estatus de ‘flota amarilla’ que fueran otorgados a empresas con plantas de procesamiento que aceptaron incorporar ochenta nuevos empleados. Se trata de las firmas Consermar de Trelew, Bonasur del Grupo Veraz de Rawson y Estrella Patagónica de Puerto Madryn.
En el andamiaje normativo de la pesca de Chubut existían cinco permisos bajo la figura de licencias de pesca experimental de Variado Costero Patagónico (VACOPA), al que se le adicionó un ‘sexto’ que terminó en manos de la empresa Cabo Vírgenes de Rawson.
El escenario se completa con los tres permisos “artesanales” que la ley facultó a la Secretaría de Pesca a ampliar sobre el número de licencias originales.
Durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, desde la secretaría de Pesca, que tenía a Gabriel Aguilar como titular del área, se otorgaron tres permisos de pesca artesanal a las empresas Madryn Pesquera S.A.; Mar Perlado S.A. y Luez S.R.L., sin ningún requisito y exigencia, a sola decisión discrecional y arbitraria, ya que la ley solo aumentó el límite de cantidad de permisos para esa estratificación de flota y dejó que la autoridad de aplicación los distribuya.
En teoría fueron ‘gratis’
En “teoría”, ninguno de estos siete permisos de pesca que en el mercado valen varios millones de dólares, tuvieron ningún costo para sus beneficiarios. ‘Al Estado’ no le significó ningún ingreso extra, más allá de los nuevos empleos que sumaron los tres permisos vinculados a plantas.
Desde lo formal, vale la pena repasar que estos nuevos permisos pesqueros fueron creados por la Ley IX Nº 157 (Reglamentada por el Dto. Nº 597) y que dieran como resultado a las Resoluciones Nº 132/2023-SP, Nº 133/2023-SP, Nº 134/2023-SP, Nº 135/2023-SP, Nº 124/2023-SP, Nº 125/2023-SP y Nº 392/23-SP. La asignación y reparto de los permisos se hizo bajo la figura administrativa de resoluciones de la autoridad de aplicación. Ninguna fue publicada en el Boletín Oficial.
“Hubo empresarios que transaron con la política”
Al no haberse conocido durante todo este tiempo el detalle de esas resoluciones, tampoco se conocía con precisión quiénes habían sido los adjudicatarios de los tres permisos artesanales y el sexto VACOPA, más allá de las especulaciones propias del sector.
Era de público conocimiento que las tres licencias de flota amarilla habían sido entregadas a las empresas EPSA, Veraz y Consermar, lo que llevó a que otras interesadas en obtener un permiso cuestionaran la metodología discrecional y sin transparencia para su distribución.
Ignacio Torres aún siendo candidato a gobernador empezó a anunciar que de acceder a la primera magistratura de Chubut anularía esos permisos y los licitaría para que todas las empresas estén en ‘pie de igualdad’ a la hora de competir.
La máxima autoridad política chubutense aseguró que la ley que creó estos permisos nació “entre gallos y medianoche”, y utilizó el calificativo de “espurios” al catalogarlos.
“Hubo empresarios que transaron con la política por esos permisos y yo lo advertí en campaña”, acusó Torres “y voy a ser consecuente con lo que dije porque estoy convencido que puedo anular esos permisos”, consignó en otras declaraciones sobre este tema.
“Mono” Santander es pescador artesanal
En cuanto refiere puntualmente a los tres permisos de pesca para barcos artesanales dedicados a la pesca de langostino se supo que los beneficiarios fueron las firmas Luez S.R.L.; Mar Perlado S.A. y Madryn Pesquera S.A.
Luez es la empresa de estibajes de Comodoro Rivadavia que pertenece al empresario Luis ‘Mono’ Santander, y después de la aprobación de la ley, cambió su contrato social añadiéndole “las actividades pesqueras para la transformación, producción y elaboración de frutos obtenidos de pesca marítima”, según consigna el Boletín Oficial.
El dato no pasa desapercibido toda vez que ese permiso quedó en cabeza de un beneficiario que nada tiene que ver con el espíritu de la “pesca artesanal”. Le concedieron un permiso artesanal a un empresario dueño de una planta de procesamiento de Comodoro Rivadavia, que a su vez es presidente de la Cámara Pesquera del Golfo San Jorge, es titular de una empresa de estibajes, y que dicho sea de paso está denunciado por presunta evasión fiscal y previsional a sus trabajadores de la estiba. Además, posee barcos fresqueros de altura, que también dicho sea de paso pesca con cuota de merluza de Chubut y la descarga en Santa Cruz.
Acá se plantea un interrogante. El gobierno de “Nacho” Torres ratificará este permiso tal como está, si Luis Santander se aviene a pagar los millones que le piden o se analizará si su otorgamiento no está viciado de ‘nulidades’ por no tener nada que ver con las características que deben tener los adjudicatarios de permisos “artesanales”.
Dos salidos de la galería
En cuanto a las otras dos empresas beneficiadas, surge que Mar Perlado S.A., en junio de 2023, momentos antes que se entreguen los permisos realizó una asamblea designando a José Ignacio Carrizo como titular y presidente y a Pablo Marcelo Ricardo Guiance como suplente, fijando domicilio en CABA.
También en junio de 2023 da de alta en la AFIP la actividad de “pesca de organismos marinos. Venta al por mayor de pescado”, y agrega domicilio fiscal en Ramos Mejía 380 de Comodoro Rivadavia.
En tanto, la tercera beneficiaria de otro permiso artesanal es la firma Madryn Pesquera S.A., con domicilio fiscal en Alvarado 1439 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esta firma en noviembre de 2023, da de alta en la AFIP como nueva actividad la pesca de organismos marinos y la venta al por mayor de pescado.
Es decir, ambas fueron adecuadas para hacerse de dos permisos de pesca artesanal, y no deja de ser llamativo que una tenga domicilio fiscal y tribute en Mar del Plata.
Interrogantes
Con la intimación girada por la Secretaría de Pesca a los siete permisionarios en cuestión para que se allanen a pagar determinado monto por los permisos abre, sin dudas, una serie de interrogantes.
¿El objetivo del gobierno de Ignacio Torres es otorgar los permisos bajo la premisa de transparencia o solamente tiene un fin meramente recaudatorio?
El resto de las empresas no se encuentran en ‘pie de igualdad’ para competir, ya que se les da un ‘privilegio’ a quienes usufructuaron durante un año los permisos ‘espurios’; si pagan los permisos se blanquean.
No deja de ser inédito el mecanismo de revisión. Solo si no se allana a pagar, se le revocará la licencia y entrará en licitación. Está claro que no todos los aspirantes a permisos están en las mismas condiciones frente a la ley.
Si se decidió revisar o revocar es porque se encontró un vicio de otorgamiento. ¿Esos vicios de nulidad quedan simplemente salvados si el permisionario paga?
También cabe preguntarse, si este gobierno observa que se otorgaron mal los permisos durante la anterior gestión, ¿se denunciará penalmente o se pedirá investigar a quienes los concedieron de manera irregular? Los permisos fueron entregados durante la gestión del secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, y si se están cuestionando los vicios de ese procedimiento, cabe preguntarse qué hará esta administración al respecto. ¿Mirará para otro lado?
Y, un último dato que resulta sorprendente es que el ‘control de legalidad’ de los actos administrativos del Estado que están en cabeza del Fiscal de Estado, resulta que hoy es el mismo que hizo control de legalidad de los actos que ahora están bajo revisión.
