Tras dos días de intensas negociaciones, la madrugada del miércoles 17 de diciembre ha finalizado en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. En él se han decidido los límites de pesca para 2020, conocidos como Totales Admisibles de Captura (TAC), para la mayor parte de las poblaciones de peces comerciales del Atlántico Noreste y mar del Norte.
Ecologistas en Acción y la Fundación ENT han estado, un año más, siguiendo estas negociaciones desde Bruselas, a pesar de la falta de transparencia del Consejo, que impide que las negociaciones sean transmitidas públicamente.
Algunas de las poblaciones de peces sobreexplotadas en aguas ibéricas son especies de menor importancia pesquera, pero siguen siendo parte de la biodiversidad marina cuya conservación está contemplada en la regulación europea. Especies como la solla, el abadejo y el lenguado para las que, un año más, el consejo de ministros ha establecido una cuota superior a las recomendaciones científicas.
Concretamente, se han establecido un 129 % de solla, 59 % de abadejo y 71 % de lenguado, por encima del consejo científico de precaución. Asimismo, muchas otras poblaciones distribuidas en el mar del Norte, mar de Irlanda o mar Céltico, entre ellas varias poblaciones de bacalao, arenque o merlán, también registran niveles de sobrepesca elevados, con límites de pesca para 2020 alejados de las recomendaciones científicas.
Desde que entró en vigor la política pesquera común (PPC) en 2014, los Estados miembro han tenido entre sus obligaciones alcanzar una pesca sostenible para todas las poblaciones como muy tarde en 2020. Más concretamente, la PPC indica que el índice de explotación del rendimiento máximo sostenible (RMS) se alcanzará en 2015 cuando sea posible, y a más tardar en 2020 para todas las poblaciones. Sin embargo, a las puertas de esta fecha límite, el progreso realizado, continúa siendo insuficiente para cumplir con dicha obligación.
Los últimos años se ha avanzado en la buena dirección y varias poblaciones de gran interés pesquero se encuentran actualmente en niveles sostenibles como, por ejemplo, varias poblaciones de gallos y rapes, así como el stock norte de la merluza y el stock sur del jurel. No obstante otras poblaciones continúan sufriendo una presión pesquera superior a la recomendada como sostenible por el consejo científico del ICES, que es el organismo científico de referencia en la materia y en donde participa el Instituto Español de Oceanografía.
Este es el caso en el que se encuentra, por ejemplo, la merluza sur, que, aunque ha sufrido un recorte del 5 % con respecto la cuota del año anterior, los niveles de captura siguen estando por encima del RMS aconsejado científicamente.
Lydia Chaparro, ecóloga marina de la Fundación ENT, ha señalado que “pasados seis años desde la entrada en vigor de la PPC, todavía cuesta ver claros progresos hacia el fin de la sobrepesca. Por poner unos pocos ejemplos, en aguas europeas varias poblaciones de bacalao y de arenque, especies emblemáticas y esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas marinos, han sido establecidas muy por encima de las recomendaciones científicas”.
Chaparro ha añadido que “aunque todavía es muy pronto para poder hacer un análisis riguroso del acuerdo alcanzado, con la información que disponemos actualmente, parece que más del 40 % de los límites de pesca establecidos esta madrugada por el Consejo de ministros sobrepasan el consejo científico. De ahí que las entidades ambientales continuemos viendo el vaso medio vacío a pesar de los progresos realizados en el Atlántico nororiental en los últimos años”.
Tal y como señala el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF) de 2019, la sobrepesca sigue siendo elevada, puesto que alrededor del 41 % de las poblaciones en el Atlántico nororiental están sobreexplotadas (29 de 70). Un dato que muestra una mejora neta de tan solo cuatro poblaciones desde la entrada en vigor de la PPC en el 2014, año en el que el número de poblaciones sobreexplotadas fue del 47 % (33 de 70). Tanto es así, que el propio informe del STECF indica, además, que el progreso realizado en los últimos años para alcanzar la pesca sostenible ha sido demasiado lento.
Por ello, Eneko Aierbe, responsable de pesca de Ecologistas en Acción, ha declarado que “retrasar la correcta gestión de los recursos naturales públicos no es una opción deseable, menos aún en el contexto de crisis ecológica que pone en peligro la resiliencia de los océanos, aliados en la lucha contra el cambio climático. Los responsables de la UE, entre ellos el ministro Luis Planas, están legalmente obligados a acabar con la sobrepesca y tienen las herramientas para hacerlo. Herramientas que deben servir para mejorar el reparto de cuota entre flotas, y poder favorecer así a aquellas que generen un mayor beneficio social y un menor impacto ambiental, tal y como también recoge la propia PPC”.
Las entidades también han querido recordar que en enero de 2019 entró en vigor la cobertura completa de la obligación de desembarque, conocida habitualmente como ‘prohibición de los descartes’. Esta normativa debería evitar las capturas accidentales y reducir al máximo las capturas no deseadas. Sin embargo, tras cinco años desde su entrada en vigor de forma progresiva, se han constatado pocos avances. Por ello, las organizaciones ambientales han aprovechado para solicitar a los Gobiernos de la UE “un mayor esfuerzo para ajustar la capacidad de las flotas a los recursos disponibles, la implementación de medidas que mejoren la selectividad y un registro adecuado de los datos de todas las capturas”.
Por último, Ecologistas en Acción y Fundación ENT han hecho hincapié en que, a la hora de asignar las oportunidades de pesca disponibles entre las diferentes flotas, los Estados miembro deben mostrar valentía política y aplicar incentivos que favorezcan particularmente aquellas actividades pesqueras que demuestren ser más selectivas y tener un menor impacto ambiental
(Fuente: Tercera Informacion)
