La inactividad forzada del buque pesquero J. Barreiro (Mat. 03325) cumplió más de tres semanas de paralización tras la medida de interdicción de salida dictada a principios de agosto por la jueza Amorina Úrsula Testino. El amarrado de la embarcación mantiene frenada la cadena productiva y genera un fuerte impacto económico en los ingresos de las familias vinculadas a la actividad.
Retraso judicial paraliza la actividad pese al cumplimiento de pagos
A pesar de que la compañía pesquera completó las obligaciones financieras correspondientes para revertir la medida cautelar, el buque continúa sin autorización para zarpar. La jueza Testino se excusó del expediente sin concretar la firma que formaliza el levantamiento de la interdicción, prolongando la inactividad del navío.
De acuerdo con información detallada por la empresa Conarpesa, el cese de operaciones impide cumplir con los esquemas de mareas planificados, frenando la producción y perjudicando tanto a la tripulación marítima como al personal que opera en las instalaciones terrestres.
Millonario impacto en los salarios y la producción de langostino
La detención del J. Barreiro no representa únicamente un freno operativo, sino una pérdida directa en el volumen de captura y en las remuneraciones del sector:
- Pérdida de captura: Se estima que cada tres días sin navegar se dejan de procesar unas 20 toneladas de langostino.
- Afectación a la tripulación: Cada marinero deja de percibir un ingreso bruto aproximado de $1.563.659 por ciclo no realizado.
- Perjuicio al personal de planta: Cada trabajador en tierra pierde $97.328 por cada jornada laboral que el barco permanece amarrado.
Un conflicto que golpea a la cadena productiva
La falta de resolución judicial traslada el costo directo de la medida cautelar hacia las familias que dependen del volumen de producción pesquera. Mientras la nave permanezca en puerto, se continúan acumulando días de trabajo perdidos que frenan la dinamización económica del sector.