El 2018 nos dejó avances importantes respecto a la protección de los océanos y sus recursos. Entre estos destaca la reciente promulgación de la Ley que regula los plásticos de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Esta norma ha sido producto de una suma de esfuerzos de actores diversos entre los que destaca el rol del Ministerio del Ambiente, lo que demuestra que el país cada vez es más consciente de la necesidad de migrar hacia hábitos más sostenibles.
Desde el sector pesquero también se han dado pasos importantes para abordar uno de los principales problemas que lo aqueja, la pesca ilegal. Así, en 2018 se aprobó el Decreto Legislativo que regula las acciones de interdicción contra la pesca ilegal, gracias a la cual se amplía el espectro de frentes para frenar la depredación de nuestros recursos pesqueros, por ejemplo, permite la interdicción de astilleros y plantas de procesamiento ilegales.
Sin embargo, aún hay mucho por hacer tanto para reducir la contaminación y conservar los ecosistemas marinos, como para contar con pesquerías verdaderamente sostenibles, que nos provean de alimento y generen beneficios para las comunidades que se dedican a esta actividad.
Una tarea pendiente es ampliar la protección de hábitats marinos a través de áreas marinas protegidas. A pesar de estar muy por debajo de la meta de proteger el 10% de su mar al 2020, planteada en las metas Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – aún no superamos el 0.4%; se aplazó, una vez más, la creación de la tan esperada Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Empero, esta área ha sido incluida dentro de las promesas del gobierno al bicentenario.
Al igual que los ecosistemas, las especies de fauna marina amenazadas requieren de protección. En el país, no contamos si quiera con una lista que determine que especies tienen esta condición y un marco legal que establezca las medidas que deben adoptarse en esos casos.
Por el contrario, operativos recientes de Aduanas demostrarían que algunas especies de tiburones clasificadas como vulnerables por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), estarían siendo exportados por puertos peruanos de manera ilegal.
Por otro lado, en la pesca es necesario, además de un mejor marco normativo, fortalecer el control y fiscalización efectivos tanto en los puntos de desembarque como durante las faenas de pesca. Para ello, se requiere dotar de recursos a los gobiernos regionales y sobre todo mejorar las capacidades de los propios pescadores artesanales quienes, bien organizados y una vez formalizados, deberían ser los mejores aliados del Gobierno contra la pesca ilegal.
El Perfil
