Pese a que especialistas señalan que existen menos de 20 vaquitas marinas y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido alertado por instancias internacionales con embargar el comercio de diversos productos por la indiferencia en el tema, autoridades federales no han precisado a pescadores cómo pueden trabajar sin dañar el hábitat de la especie, a ello se suma la vulnerabilidad en la que viven por la disminución de sus ingresos, pues hace 10 meses que no reciben los subsidios que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto les entregaban como incentivo para suspender la pesca en áreas protegidas.
Líderes de pescadores de Baja California y Sonora denunciaron en entrevista con SinEmbargo la indiferencia del Gobierno morenista en garantizar el bienestar de la población y la protección de la vaquita marina pues, dijeron, está se refleja en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), no definieron qué redes pueden usarse en el Alto Golfo de California sin dañar al cetáceo endémico de México, por lo que la temporada de pesca inició desde el 24 de septiembre y las embarcaciones siguen usando redes que están prohibidas.
Desde 2015 el Gobierno mexicano prohibió la pesca en el Alto Golfo para frenar las redes de tráfico ilegal de totoaba, pez que para ser capturado requiere de redes en las que suelen quedar atrapadas y morir las vaquitas marinas, especie de la que quedan entre 10 y 15 según datos de la Semarnat. Para convencer a los pescadores a salirse del mar, autoridades se comprometieron a buscar un arte de pesca que no dañara a los animales marinos y, como su producción bajaría, también acordaron pagarles subsidios que compensaran las pérdidas.
Sin embargo, en la actual administración los pescadores solo lograron que autoridades federales les pagaran los subsidios de diciembre de 2018 hasta la primera quincena de enero. Desde entonces, denunciaron, el sector permanece en indefensión.
“Seguimos pescando con nuestras redes tradicionales porque no nos queda de otra, no hay arte de pesca que nos asegure que sobreviviremos de nuestro trabajo como lo hacíamos antes del 2015 y el programa de compensación en este Gobierno no fue más que el compromiso por pagar hasta la mitad de enero. No existe el programa, seguimos en estado de indefensión. No hay pago compensatorio ni una política pública que nos pueda dar la seguridad de vivir de la pesca”, expuso Carlos Tirado, Presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pescadores de la Reserva de la Biosfera.
Para Ramón Franco Díaz, representante de la Federación de Pesca Ribereña “Andrés Rubio Castro” de San Felipe, Baja California, no solo los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Semarnat, el Procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los titulares de Inapesca y Conapesca han sido omisos, también lo ha sido el Jefe del Ejecutivo, pues asegura que ellos le entregaron personalmente, a finales de noviembre de 2018, un proyecto que atendía las necesidades del sector pesquero.
Carlos Tirado y Ramón Franco Díaz lamentaron que aun cuando en marzo de este año la Sader y Semarnat presentaron la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California con el fin de crear comunidades costeras sustentables y atacar las causas que han llevado a que la vaquita marina se encuentre en peligro de extinción, siguen sin definirse cómo operará concretamente. De acuerdo con Tirado, que la presentación se realizara en la Ciudad de México y sin consultar a pescadores les dio desde el inicio un mensaje negativo. El plan ni siquiera estuvo contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.
En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 23 de octubre la Recomendación 93/2019 por la omisión de autoridades federales para proteger a la vaquita marina y la totoaba; el organismo urgió a definir las políticas rectoras de la Iniciativa del Alto Golfo.
“La conservación de la vaquita es una lucha contra el reloj porque está en peligro crítico de extinción, cada que pasa un día es riesgo para que la población se extinga”, alertó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), en entrevista con este diario digital, y recordó que solo quedan entre 10 y 15 ejemplares de dicha especie según datos de la Semarnat.
La exigencia de la CNDH se suma a las de organizaciones internacionales como la alerta que emitió la última Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) en mayo pasado, donde se discutió suspender el comercio de México de varias especies por su ineficacia en la protección de la vaquita marina y acciones contra el tráfico de totoaba.
En la convención celebrada en Ginebra, la Unión Europea, EU y China apoyaron suspender el comercio de especies en riesgo si México no demuestra para el próximo año que ha avanzado en este aspecto. De no hacerlo, se bloquearían especies enlistadas en CITES como la candelilla (cera), caoba (madera), dalbergia (madera), duayacán (madera), el borrego cimarrón, el puma, el lince -estos tres como trofeos de caza-, así como las aletas de tiburones. Aunque la suspensión se implementaría hasta 2021, Greenpece México ha externado que sí significan un importante llamado de atención a las autoridades mexicanas.
Además, el 3 julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) decidió inscribir las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro ante la preocupación “por la inminente extinción de la vaquita”. El listado tiene el objetivo de llamar a autoridades a realizar acciones urgentes para detener las amenazas a especies en riesgo.
Sin Embargo solicitó entrevistas a autoridades de la Semarnat, Sader y Conapesca para conocer los avances y compromisos para proteger a la vaquita y frenar el tráfico de totoaba, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.
PESCADORES DEFIENDEN SUBSIDIOS
Cuando la entonces Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa Ortiz Blanco, presentó en marzo la Iniciativa del Alto Golfo dijo que a diferencia de la estrategia del Gobierno anterior, que contemplaba el pago de subsidios a pescadores, la administración actual buscaría “la sustentabilidad ambiental, social y económica” para que pobladores de San Felipe, Baja California, y Santa Clara, Sonora, dejaran la pesca ilegal.
Pero, a casi ocho meses de la presentación, sin compensaciones por dejar de usar redes que dañan a la vaquita marina, los pescadores denunciaron que no han podido recuperarse del embargo que en julio de 2018 decretó la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos a sus productos.
La corte estadounidense prohibió las importaciones de pescados y mariscos mexicanos capturados con redes agalleras por considerar que ponen en riesgo al mamífero marino más pequeño del mundo. Tras el vedo, los pescadores han buscado opciones en el mercado nacional, pero, aseguran, no han obtenido ganancias con las que puedan pagar al menos la gasolina de sus embarcaciones. Esto ha reducido su calidad de vida e incluso ha puesto en riesgo el acceso a la educación de sus hijos.
Carlos Tirado explicó que hasta noviembre de 2014 los pescadores del Golfo vendían a Estados Unidos (EU) el kilo de camarón que obtenían de pescar con redes que ponen en riesgo vaquita marina en casi 20 dólares. En 2015, cuando se les propuso dejar de pescar, los subsidios compensaron parte las ganancias que perderían.
Sin embargo, con la falta de los pagos ni otras redes propuestas por el Inapesca, los pescadores regresaron al mar con sus redes tradicionales, aunque en el mercado nacional solo puedan vender sus productos en cerca de 170 pesos.
Ramón Franco Díaz dijo que el “problema es grave” porque los dueños de barcos requieren mínimo 5 mil pesos diarios para pagar el combustible, más el dinero necesario para pagar a los trabajadores; la situación ha orillado a varios a dejar el sector pesquero.
Ahorita sólo un 20 o 30 por ciento de pescadores legales sigue trabajando en el Alto Golfo porque para el que tenga una o dos embarcaciones está difícil poderlas sostener. No es porque no queremos. Eso habla económicamente de que no hay ingresos y lo que estamos pescando es sólo para pasarla y afecta la situación económica de las comunidades en Santa Clara”, expuso el líder pesquero.
Para denunciar esta situación, madres y padres de familia han protestado con el cierre de escuelas para denunciar que apenas pueden llevar a sus hijos por la falta de ingresos.
“Al sector pesquero nos concierne la conservación de la especie, pero que nos den un acuerdo donde nos den garantías para nosotros y las familias del Alto Golfo”, dijo.
EL TRÁFICO CONTINÚA
Los pescadores lamenten que ahora tengan que trabajar en condiciones prácticamente ilegales, aunque se acercaron voluntariamente para no reproducir las acciones de los pescadores de totoaba, quienes trafican el buche de dicho pez a Asia, donde se vende en miles de dólares por sus supuestas propiedades afrodisíacas.
Tirado y Franco Díaz coincidieron en que la violencia en el Alto Golfo ha incrementado por la presencia de pescadores ilegales. De acuerdo con el líder sonorense el que cada vez más pesadores legales dejen el mar ha dejado libre el trabajo para los traficantes.
“Para que se acabe la pesca ilegal, [las autoridades] tuvieron que atacar a los compradores, entonces no se atacó ni una cosa ni otra y lo que pasó fue que se incrementó el esfuerzo pesquero ilegal. Cuando nos fuimos del mar les dejamos el mar limpio de embarcaciones legales a los ilegales en Santa Clara y San Felipe”, lamentó Ramón Franco.
Alejandro Olivera, del CDB, explicó que la falta de subsidios también propicia el incremento de la pesca ilegal. “Evidencia de esto es que se siguen encontrando redes, hemos ido al alto Golfo y ves bandas saliendo por todos lados, como en San Felipe, donde las bandas salen con chinchorros de línea -un tipo de red de pesca- de cientos de metros de largo de cualquier playa y no ves autoridades”, denunció.
También lamentó la falta de sanciones a los pescadores de totoaba. “Hemos visto cómo la Marina y Profepa retiran redes frente a los pescadores y en lugar de tomar acciones legales los invitan amablemente a dejar la zona, entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Hay una impunidad total. No se captura a nadie, no se desarticulan las redes de tráfico ilegal de totoaba, no se les multa, no se les exige, eso propicia el aumento de la actividad ilegal”, acusó.
Aunque el pago de subsidios ha sido criticado por organizaciones como Greenpeace México por considerar que eficaz para combatir la pesca ilegal en el Alto Golfo, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de la asociación, sí defendió la necesidad de aumentar la vigilancia en la zona y de que las autoridades pesqueras generen redes o instrumentos de pesca que no afecten a más especies.
