La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió este sábado 30 de noviembre del 2019 al Gobierno que revoque una polémica resolución que establece cuotas de pesca de varias especies en el mar Caribe para el próximo año, entre ellas de tiburón, así lo indicó El Comercio.
Según el organismo, la medida debe ser modificada, suspendida o revocada porque no existe “información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades”.
En una carta enviada a la secretaria General del Ministerio de Agricultura, Ana María López Hernández, la Procuraduría alertó que en Colombia no hay estudios que permitan determinar cuáles son los efectos de la pesca sobre la red alimenticia, “teniendo en cuenta su posición dentro de la misma”.
La resolución, publicada a finales de octubre, señala que para el próximo año los pescadores artesanales podrán cazar hasta 125 toneladas de tiburón y otras 5,2 toneladas de aletas de ese animal. La medida aplica para las especies Carcharhinus falciformis, C limbatus, C leucas, Alopias supercilius, Galeocerdo cuvier y Sphyrna spp. En ese sentido, la Procuraduría explicó que otra resolución de 2017 “prohíbe la práctica del ‘aleteo’ (cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar)”, por lo cual la normativa divulgada el mes pasado “no debería incluir el término ‘aleta’, toda vez que se podría interpretar como una autorización de la práctica del ‘aleteo’, más aún cuando se hace referencia a la pesca artesanal”.
Insistió además en que debe haber suficiente información para soportar un análisis diferenciado por especies, pues cada una de ellas “cuenta con su propia tasa de crecimiento, edad de madurez reproductiva y patrones migratorios, entre otros”. El Ministerio Público también solicitó al Gobierno una aclaración sobre los controles que realizan las autoridades a la pesca de tiburón, en especial porque los pescadores artesanales “llevan el producto de su faena a sitios diferentes a los puertos”.
“Advirtió que a la fecha no se tienen tallas mínimas, lo que puede llevar a la explotación de individuos que no han alcanzado su madurez reproductiva, poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones”, agregó la información.
Según el Ministerio de Ambiente, la protección de los tiburones “es una política nacional” estipulada en el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras, la cual fue adoptada en 2013. Desde el 2010, el Gobierno reconoce la cuota de pesca artesanal sobre tiburones en Colombia, que ha aumentado desde entonces y, según afirma, se mantiene en un porcentaje que no afecta la sostenibilidad de las especies.
