Ecuador, país actualmente sumido en una ola de violencia y disturbios, es un gran proveedor de langostino a Europa y, de hecho, en el caso de España el 67% de sus importaciones de este crustáceo proviene de dicho país americano.
En concreto, España ha comprado a Ecuador langostino por valor de 270 millones de euros entre enero y octubre de 2023 (últimos datos de Comercio disponibles) del total de 400,58 millones de euros que los compradores españoles gastaron en la adquisición de langostino en el extranjero, según los datos consultados por Efeagro.
La compra de conservas de atún, listado y bonito procedente de Ecuador se sitúa en segundo nivel de importancia a nivel económico en las importaciones porque España gastó 230,4 millones de euros en esa categoría, del total de 668 millones importados por España a nivel global entre enero y octubre. Es decir, el 34,48% de la factura sobre conservas de atún se destina a producto que viene de Ecuador.
Por lo demás, en la balanza importadora destaca también la compra de banana (29,7 millones de euros en valor entre enero y octubre) y de 28,4 millones de euros en importar rosas.
En total, entre enero y octubre España ha comprado productos del sector agroalimentario a Ecuador por 666,24 millones de euros.
En el apartado de exportaciones, el volumen de negocio es bastante menor con Ecuador; en concreto fue en los 10 primeros meses del año de 128,63 millones de euros, lo que revela una balanza claramente deficitaria para los intereses de España.
Por categorías, España vende principalmente pescado congelado (57 millones de euros entre enero y octubre), la mayor parte de listado y bonito, que son justo las materias primas que luego compra España en conserva.
Además, destaca la factura en aceite de oliva porque España vendió casi 15 millones de euros a ese país americano en los 10 primeros meses de 2023.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) ya hizo el pasado martes un llamamiento a las instituciones de seguridad del Estado para unificar esfuerzos con el sector privado y la ciudadanía con el fin de garantizar las actividades productivas en medio de la situación de violencia.
