Raúl Cereseto. La controversia alrededor de la explotación de recursos naturales en la zona del Atlántico Sur ha tomado un nuevo impulso. Organizaciones del sector pesquero solicitaron al Gobierno nacional extender las medidas coercitivas hacia aquellas embarcaciones y multinacionales que operen en el mar argentino bajo permisos unilaterales concedidos por la administración de las Islas Malvinas.
El reclamo busca aplicar criterios equivalentes a los que rigen actualmente para las concesiones hidrocarburíferas. Sobre este panorama, el titular de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl Cereseto, argumentó durante una entrevista radial que la extracción ilícita en la región constituye una problemática de impacto económico y ambiental de gran magnitud para la nación.
Un reclamo por la equidad en las políticas de protección territorial
Desde el sector pesquero respaldan las normativas existentes que castigan el avance de petroleras en aguas disputadas, pero advierten que los ecosistemas marinos sufren consecuencias inmediatas por la captura indiscriminada. Cereseto explicó el fundamento central de este pedido para ampliar los controles vigentes:
“No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”.
Además, el dirigente enfatizó que la movilidad biológica de las especies marinas impide limitar los impactos del ecosistema a líneas trazadas geopolíticamente en el océano.
“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema. Por eso defender los recursos pesqueros también significa defender el Atlántico Sur”.
El impacto económico y la vigencia de las operaciones ilegales
La concesión de permisos pesqueros representa actualmente una de las fuentes más cuantiosas de financiamiento para las autoridades británicas en las islas, alcanzando porcentajes significativos de su producto interno bruto. Cereseto remarcó que las pérdidas para Argentina no responden a una especulación futura, sino a un escenario constante:
“La explotación pesquera a partir de permisos espúreos no constituye una amenaza eventual ni un proyecto que podría materializarse dentro de algunos años, sino que es una actividad económica ilícita de enorme magnitud que ya existe y que lleva décadas desarrollándose”.
Por esta razón, la industria insiste en consolidar un marco legal uniforme que sancione severamente a las flotas que operen con licencias no autorizadas por la República Argentina.