El Municipio de Madryn entregó a una empresa más de 200 mil metros cuadrados para el tratamiento de los residuos sólidos de la pesca. Esa firma que realiza la técnica landfarming cedió esas tierras a otra empresa sin autorización municipal. La segunda empresa es la que factura cifras millonarias a las pesqueras y la primera montos simbólicos. Investigan posible evasión y vaciamiento.
Una sugestiva operación con tierras destinadas al procesamiento de residuos pesqueros estaría siendo objeto de análisis e investigación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Una empresa recibió de parte de la Municipalidad de Puerto Madryn más de 200 mil metros cuadrados para procesar los desechos de langostino bajo la modalidad de landfarming, pero a su vez cedió a otra empresa esos terrenos, sin que eso pueda hacerse en el marco de la ordenanza que reguló ese comodato de tierras fiscales.
La segunda empresa, que además está concursada, es la que realiza la facturación por montos millonarios a todas las pesqueras que deben utilizar el servicio, mientras que la primera pasó a realizar facturaciones simbólicas. La AFIP investiga si se trata de un esquema de vaciamiento de facturación y evasión fiscal. En tanto, la Municipalidad no fue notificada de la tercerización del predio cedido.
La información que dispone el organismo fiscal indica que GP Inversiones S.R.L. ejerce la tenencia de las parcelas número 13 y 14 de la Circunscripción 4, Sector I, del Ejido Municipal de la ciudad de Puerto Madryn, con superficies de 132.637 y 78.903 metros cuadrados, respectivamente. Vale recordar que esas superficies fueron entregadas en comodato por el Ejecutivo del Municipio de la ciudad de Puerto Madryn, previa aprobación del Concejo Deliberante de la Ordenanza Nº 10162 de fecha 17 de diciembre de 2017.
Así, esa normativa local que fijó el objeto del comodato y consecuente se estipuó que la actividad de GP Inversiones sea la recepción para disposición final de residuos sólidos inertes, orgánicos pesqueros e industriales, procesando dichos materiales y practicando la remediación de toda la superficie asignada, a través de la técnica denominada landfarming.
Según pudo saber REVISTA PUERTO, a partir de septiembre de 2018 GP Inversiones cedió parte de esas tierras a favor de Bioteva S.R.L., lo cual no estaba estipulado por la Ordenanza Nº 10162 y el contrato de comodato signado con el Ejecutivo Municipal.
Este procedimiento, objeto de investigación, es una maniobra cuanto menos sospechosa en atención a que GP Inversiones está integrada por los Sres. Héctor Alejandro Chechic y Manuel Chechic, padre e hijo respectivamente, siendo que el primero tiene amplia experiencia en el tratamiento de residuos y la técnica denominada landfarming, de modo tal que no tendrían necesidad alguna de ceder parte de las tierras a favor de terceras personas.
Llamativamente se observa que el objeto social de Bioteva es la fabricación, construcción, instalación, reparación y mantenimiento de piletas para tratamientos de efluentes; gestión ambiental, asesoramiento, relevamientos, análisis, estudio e implementación de sistemas, pero no incluye de ninguna forma el tratamiento de residuos y/o efluentes, con lo cual estaría actuando por fuera de las facultades que le habilita la ley que regula esa materia.
Desde el Municipio comenzaron a analizar esta situación de la cesión de terrenos porque esa firma de comodato no la autoriza a pasar a terceras manos ese predio, porque implicaría habilitar a GP Inversiones a que se maneje como propietaria, se dedique a dar en locación esas tierras y desprenderse de sus obligaciones del comodato pautado con el Municipio. Esta situación podría llevar incluso a que el Municipio deje sin efecto el contrato.
En tanto, la AFIP pone la lupa en que mientras Bioteva factura sumas millonarias por la explotación de esas tierras cedidas, GP Inversiones le cobra una irrisoria suma mensual de $ 41.322,31, más el IVA, de modo tal que hace presumir a los investigadores que están vaciando la facturación de GP Inversiones para hacerlo a través de Bioteva, con la consecuente evasión fiscal.
Revista Puerto
