La vida de los seres humanos depende de los océanos. Estos moderan la temperatura del planeta y son una fuente clave del oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Tanto así, que una de cada dos inspiraciones proviene del oxígeno que ellos nos proporcionan.
El mar es además el hogar de una enorme biodiversidad que aún no acabamos de conocer y es una importante fuente alimenticia para la humanidad. De hecho, según la ONU, la pesca y la acuicultura sustentan los medios de vida de entre el 10 y el 12 por ciento de la población mundial.
Ese porcentaje aumentará en el futuro, puesto que si el número de habitantes en el planeta sigue en ascenso, como lo indican las tendencias actuales, los expertos estiman que el mundo necesitará duplicar la producción de alimentos para 2050. Los océanos, en este escenario, serán la principal fuente para atender esta demanda.
La realidad, sin embargo, es que los océanos se encuentran gravemente amenazados. El aumento global de la temperatura está teniendo graves efectos en los ecosistemas marinos. Según un informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), publicado en septiembre de este año, la acidificación y el calentamiento de las aguas, la pérdida de oxígeno y los cambios en el suministro de nutrientes ya afectan a la distribución y la abundancia de la vida marina.
Todo esto combinado con otros efectos causados por el hombre, como el desordenado desarrollo costero, la alteración de los hábitats y la sobreexplotación de los recursos marinos, amenazan los medios de vida y la seguridad alimentaria de la humanidad.
Durante todo el 2019, Mongabay Latam centró su cobertura en los temas más importantes y urgentes vinculados a las amenazas y la conservación de los océanos. Evidenció casos de corrupción y las malas prácticas en la gestión de los recursos públicos que han perjudicado la conservación de zonas protegidas, los recursos marinos y a las personas que viven de ellos. Informó acerca de derrames de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas al mar, y sobre problemas de sostenibilidad en la pesca y en la acuicultura.
Dio seguimiento a las propuestas de áreas marinas protegidas que, pese a las promesas y presiones desde la sociedad civil, continúan sin ser declaradas. Mostró con ejemplos cómo estas áreas son fuente de vida y entregan beneficios a las poblaciones costeras, y difundió los esfuerzos científicos y comunitarios para conservar los recursos marinos.
Este es el recuento de la cobertura que Mongabay Latam hizo de los océanos durante este 2019.
Corrupción, malas prácticas y ausencia del Estado
Mongabay Latam investigó este año las fallas y malas prácticas en la administración de fondos públicos destinados a gestionar los recursos pesqueros y naturales.
En Chile, este medio descubrió que la comunidad indígena Ma’U Henua, creada por el Estado chileno para que administrara el Parque Nacional Rapa Nui, malversó fondos públicos. En un año y ocho meses, medio millón de dólares fue a parar a las cuentas de los familiares directos y cercanos del presidente del directorio de la comunidad. El reportaje fue adjuntado a la investigación que abrió la fiscalía por fraude al fisco.
En Perú, Mongabay Latam reveló que los retrasos en la construcción de más de nueve desembarcaderos artesanales esconden graves irregularidades y hasta corrupción de funcionarios estatales. Dichos expedientes, que determinan la manera en que los puertos deben ser elaborados, están plagados de plagios y de firmas falsas lo que ha traído consecuencias medioambientales nefastas.
Los desembarcaderos, al estar mal construidos e inconclusos, no tienen licencias sanitarias. Los pescadores se ven obligados a trabajar en malas condiciones y las posibilidades de asegurar que los recursos son pescados de manera legal y sostenible quedan reducidas.
Por otro lado, fueron identificados tres mecanismos ilegales que actualmente operan en Perú para obtener harina de pescado para la exportación y consumo interno. La producción de harina negra, estimada en más de 22 mil toneladas anuales, es uno de los grandes problemas en la sobreexplotación de los recursos marinos de este país y requiere medidas urgentes por parte de los organismos del Estado para poder detenerla.
Derrames tóxicos al mar
Alrededor de 3000 litros de ácido sulfúrico fueron derramados por la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, en el Golfo de California. En Chile, la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A vertió 40 000 litros de combustible diésel al mar de la Patagonia chilena.
Mientras que en el primer caso el accidente se debió a la falla en una válvula, el segundo fue producto de un error durante una operación de traspaso de combustible y ambos ocurrieron en lugares privilegiados por su biodiversidad. De hecho, el Golfo de California en México, también conocido como Mar de Cortés, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina, en Peligro Crítico de extinción.
El archipiélago chileno de Madre de Dios, donde se registró el derrame de hidrocarburos, es considerado una joya dentro de la Patagonia donde predominan los corales de agua fría, los jardines de anémonas y las algas gigantes o bosques de kelp. Por eso, en marzo de este año el gobierno realizó una petición ante la UNESCO para que el archipiélago sea declarado patrimonio natural de la humanidad.
Pero además de estos dos casos, en el norte del Perú se vierten constantemente en el mar pequeñas cantidades de petróleo. Estos derrames crónicos, acumulados, adquieren dimensiones mayores aunque no es posible saber exactamente las cantidades.
Muchas de las estadísticas que llevan los organismos del Estado competentes están llenas de vacíos y la responsabilidad de reportar los derrames está en manos de las petroleras, algunas de las cuales han sido procesadas por entregar información falsa. Una investigación de Mongabay Latam analizó esta realidad y reveló que el 88 % de los derrames reportados en todo el territorio nacional han sucedido en el mar de la Costa Norte.
Sustitución de especies
La organización para la conservación marina Oceana investigó, en México y en Perú, si los pescados que se venden en mercados, supermercados y restaurantes corresponden realmente a la especie que los vendedores aseguran que son.
En ambos países, los resultados son sorprendentes. Mediante la recolección de muestras y el análisis de ADN, los investigadores demostraron que tanto en México como en Perú los consumidores suelen no comer lo que compraron. Pagan por una corvina, pero en realidad llevan perico que es cuatro veces más barato. Comen bonito habiendo pagado el precio de atún, que vale el doble.
Pero lo que es más grave, muchas veces los compradores terminan consumiendo, sin saber, especies que se encuentran en peligro de extinción. Es el caso de los tiburones martillo (Sphyrna lewini), sedoso (Carcharhihus falciformis), zorro (Alopias pelagicus), puntas negras (Carcharhinus limbatus), toro (Carcharhinus leucas), coralino (Carcharhinus perezi), cazón bironche (Rhizoprionodon longurio) y cazón mamón (Mustelus canis).
En México, el 31,5 % de las muestras de bacalao analizadas correspondían en realidad alguno de estos tiburones que están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En Perú, las cifras son aún mayores puesto que en siete de cada 10 muestras el pescado vendido no era el ofrecido. En este país también están comprometidas especies de tiburones amenazados, además de la Anguila del Atlántico, en Peligro Crítico según la UICN y cuya comercialización está prohibida.
Áreas marinas protegidas
El Perú aún tiene pendiente avanzar en la protección de al menos el 10 % de su mar. Un compromiso que adoptó durante la décima Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que incluye 20 metas que los países firmantes deben alcanzar al 2020: las llamadas metas Aichi.
Actualmente, solo el 0,48 % del mar peruano se encuentra bajo alguna categoría de protección, pero ese porcentaje podría aumentar a 6,5 si es que se concreta la creación del área protegida Dorsal de Nasca. Una cadena de montañas submarinas que alberga más de 1100 especies, muchas de ellas endémicas.
Aunque la propuesta ha sido celebrada, científicos y defensores ambientales advierten que no se debe dejar de lado la propuesta para la creación de la Reserva Mar Tropical de Grau. Un pendiente que tras seis años de tramitación no ha logrado concretarse. Ese lugar, que es refugio de corales escarlata, de grandes anémonas de colores o de especies en peligro como el mero ojo chiquito (Epinephelus quinquefasciatus), se encuentra permanentemente amenazado por la pesca de arrastre y la extracción de petróleo por lo que conservacionistas reclaman con urgencia la declaración de esta área protegida.
Por otra parte, zonas que ya cuentan con un estatus de protección, como la Reserva Nacional de Paracas, siguen expuesta a peligros como la pesca con explosivos. Ahí, siete pescadores, que son guardaparques voluntarios, combaten ese delito.
Pero no solo Perú tiene compromisos pendientes con su mar. Los argentinos llevan años reclamando la protección de Península Mitre y Mongabay Latam dio cobertura a esa larga historia protagonizada por los habitantes de Tierra del Fuego.
Esfuerzos de protección y conservación
Para enfrentar las amenazas a las que se ven expuestos los océanos y las especies que viven en ellos, los científicos realizan constantes esfuerzos de conservación. En ese propósito la tecnología ocupa un lugar protagónico, puesto que gracias a ella ha sido posible crear nuevos métodos y estrategias de protección más eficaces.
Por eso, hoy es posible mapear desde el aire los corales y analizar cuál es su estado de salud. También es posible saber el peso de una ballena sin tener que interactuar directamente con ella o intervenir su espacio.
Toda esta información que hoy está disponible gracias a la tecnología permite saber, por ejemplo, dónde es necesario plantar corales, qué espacios se deben delimitar para su protección o saber cuál es el estado de salud de una población de ballenas.
En esta carrera por la conservación, a la que también se han unido pescadores, numerosos esfuerzos han dado buenos resultados. Es así como en la zona austral del continente, en el parque marino chileno Francisco Coloane, la población de ballenas jorobadas se ha quintuplicado en los últimos 20 años.
En Panamá las amenazadas tortugas carey han encontrado un santuario donde poder reproducirse exitosamente. En el norte del Perú, los recolectores de recursos hidrobiológicos han logrado proteger los manglares y en la isla chilena de Juan Fernández sus habitantes son ejemplo de la pesca sustentable.
Pesca de tiburones
La exportación de tiburón, cuando se trata de especies amenazadas, está normada por la Convención Internacional para la Comercialización de Especies Amenazadas (CITES) que exige cumplir con una serie de requisitos que garanticen que la pesca ha sido realizada de manera sostenible.
Es por eso que cuando Colombia incluyó, en su última resolución de pesca, cuotas de aletas de especies de tiburón amenazadas, las alarmas saltaron. Científicos aseguran que Colombia no tiene los permisos CITES para poder exportar aletas y tampoco se consume al interior del país este producto. ¿Para qué autorizar una cuota de aletas si no es posible comercializarlas legalmente?
La polémica se instala en medio de un complejo panorama latinoamericano, luego de que las autoridades peruanas decomisaran 25 toneladas de aletas de tiburón. La carga, proveniente de 25 mil especímenes, era movilizada por una red de tráfico que extraía las aletas en el Ecuador, para luego exportarlas a través de Perú con destino al mercado asiático.
La pesca de tiburones, que muchas veces se realiza de manera ilegal para abastecer al lucrativo negocio de exportación de aletas, tiene en extrema vulnerabilidad a diversas especies. Tener un control de lo que se pesca y se comercializa es fundamental para saber cuál es la salud de las poblaciones. Es por eso que sigue siendo una preocupación, según estudios de Oceana, que unas 2000 toneladas de tiburón sean desembarcadas anualmente en Perú sin ser registradas.
Las malas prácticas de la industria salmonera
La industria del salmón es clave para la economía chilena. El país sudamericano es el segundo productor mundial de salmones después de Noruega y el salmón es el segundo producto más exportado en Chile después del cobre. Pero esta importante industria es también polémica y en 2019 quedaron al descubierto las malas prácticas por las que desde hace años este sector es criticado.
La empresa de capitales noruegos, Nova Austral, cuyos centros de cultivo se encuentran al interior del Parque Nacional Alberto de Angostini, en la zona austral del país, fue descubierta entregando información falsa al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la autoridad fiscalizadora.
La misma empresa adulteró el fondo marino de uno de sus centros para obtener ilegalmente los permisos para seguir operando en el lugar. Concretamente arrojó piedras al mar para sepultar debajo de ellas el fondo marino que, debido a la crianza de salmones, se encontraba en condiciones anaeróbicas, es decir, con bajos niveles de oxígeno.
La pérdida de oxígeno en el agua y el alto suministro de antibióticos son considerados los mayores problemas generados por esta industria. Sin oxígeno, la vida en el mar no es posible. Es por ello que los habitantes del extremo austral de Chile se oponen a la expansión de esta industria en las aguas prístinas de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.
