Recién este jueves tomó estado parlamentario el Proyecto de Ley 140/2020 por el cual el Gobierno de Chubut propone modificar toda la legislación pesquera provincial. La iniciativa ha generado el abierto rechazo de una cámara pesquera que nuclea a plantas de procesamiento, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y ahora también se plantó en contra de las modificaciones el gremio de los marineros.
De acuerdo a la información proporcionada por REVISTA PUERTO, hasta el momento, no ha habido posicionamientos oficiales a favor de algún sector que avale expresamente en todos sus términos el proyecto de Mariano Arcioni.
Requisito eliminado
La Ley Provincial de Pesca N° IX-75, actualmente vigente en Chubut, en su Capítulo II establece los ‘Requisitos Generales’ para el otorgamiento de los permisos de pesca, indicando en su Artículo 11 que “sin perjuicio de los compromisos asumidos a través del proyecto de desarrollo pesquero, el titular de un permiso de pesca comercial deberá acreditar los siguientes requisitos esenciales”, estableciéndose las condiciones necesarias a cumplir.
En el inciso 2 de ese artículo se indica expresamente la exigencia de “la residencia efectiva de dos (2) años en el territorio provincial del personal a bordo, en una proporción no menor al cincuenta por ciento (50%) de la tripulación total embarcada. La Autoridad de Aplicación podrá disminuir este porcentaje en caso que el titular del permiso acredite fehacientemente la inexistencia de personal debidamente capacitado que cumpla dicho requisito”, prevé.
En tanto, la propuesta oficial elimina todos los requisitos establecidos por ley para el otorgamiento de los permisos, y en el Artículo 29 faculta de manera discrecional a la Secretaría de Pesca para su resolución.
“Los permisionarios deberán cumplimentar anualmente los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación a través del acto administrativo correspondiente”, dice el proyecto dejando en manos de un funcionario las condiciones que deberán reunirse para otorgar o renovar las licencias provinciales.
Proyecto “inconsulto”
Atento a esta circunstancia, este jueves el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) también se puso en la vereda de enfrente de la iniciativa que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura y que tomó estado parlamentario en la sesión virtual de la víspera siendo girado a comisiones.
“Creemos firmemente que una construcción legislativa de esta magnitud necesita la participación y el consenso de todos los sectores involucrados”, planteó el gremio de los marineros al señalar que el sector del trabajo no fue consultado sobre los cambios profundos que se pretenden introducir en la ley pesquera de Chubut.
Asimismo, el SOMU consideró que “deben ser convocados los sindicatos del sector, los intendentes, las cámaras empresariales y las organizaciones no gubernamentales afectadas a la actividad pesquera, para así poder lograr en conjunto el mayor provecho económico, social y ambiental de los recursos del mar”.
El SOMU rechaza el nuevo proyecto de Ley de Pesca
Finalmente, el sindicato reclamó a los legisladores que rechacen los términos de la propuesta y se efectúe una convocatoria amplia a todos los sectores de la industria pesquera. “Instamos a los señores diputados provinciales que no respalden esta forma de imponer un marco irregular a la pesquería hasta tanto no estemos todos los sectores implicados”, advirtieron.
Horas más tarde del duro pronunciamiento del SOMU, el secretario de Pesca del Chubut, José Gabriel Aguilar, a través de un parte oficial de prensa del Gobierno, dijo que enviarán “un proyecto que establecerá como norma que el 50% de una embarcación deben ser ciudadanos chubutenses”, aunque el que giró Arcioni no lo dice en su redacción.
El Secretario de Pesca defiende el proyecto de ley
Con todo, el Proyecto de Ley 140/2020 fue girado a comisiones de la Cámara de Diputados, y restan sólo dos sesiones parlamentarias previstas para el 18 y 22 de diciembre, a partir de la prórroga aprobada ayer. De no haber dictamen la semana próxima, no llegaría al recinto hasta el período legislativo del año entrante.
