El juez Dr. Daniel Yangüela, consideró que la desestimación de la denuncia por la ocupación de las oficinas de Conarpesa carecía de fundamentos suficientes y se apoyaba en afirmaciones sin respaldo probatorio. La causa deberá continuar su trámite tras la declaración de nulidad de la resolución fiscal.
La disputa entre la empresa pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó un nuevo capítulo judicial en Puerto Madryn.
El juez penal Dr. Daniel Yangüela declaró la nulidad de la resolución con la que Fiscalía había desestimado una denuncia presentada por la empresa a raíz de la ocupación de sus oficinas administrativas, ocurrida en julio pasado.
La decisión judicial cuestiona directamente los fundamentos utilizados para cerrar esa investigación. Según sostuvo el magistrado, el dictamen fiscal se apoyó en afirmaciones que no estaban respaldadas por elementos concretos incorporados al legajo y no acreditó aspectos centrales para evaluar los hechos denunciados.
La resolución, fechada este 16 de octubre, ordena retrotraer el proceso al momento en que se dispuso la desestimación, el 29 de julio, y remitir las actuaciones a la Procuración General para que se determine cómo continuará la investigación.
Los fundamentos del cuestionamiento
Al analizar el expediente, el juez advirtió que las actuaciones reunían una denuncia presentada por el apoderado de Conarpesa, dos actas policiales de constatación y la identificación de testigos aportada posteriormente.
Sin embargo, consideró que esos elementos resultaban insuficientes para sostener las conclusiones a las que había llegado Fiscalía.
En particular, señaló que no se había acreditado la relación laboral entre las personas denunciadas y la empresa, ni las características del conflicto gremial invocado como contexto de los acontecimientos. Tampoco se habían reunido elementos suficientes para analizar la legalidad de la medida sindical y la legitimación de quienes participaron.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el criterio utilizado para descartar la posible comisión de un delito.
Fiscalía había considerado que los hechos denunciados no constituían delito, entre otros argumentos, por la ausencia de violencia. El juez objetó ese razonamiento al señalar que la figura penal analizada no exige necesariamente violencia, sino que requiere examinar el consentimiento de quien tiene derecho a excluir a terceros del lugar.
A partir de esas observaciones, concluyó que el dictamen fiscal presentaba una “fundamentación aparente”, basada en afirmaciones sin acreditación concreta, y declaró su nulidad por considerar que se vulneraron exigencias del procedimiento penal y garantías vinculadas al debido proceso.
La resolución no implica una declaración de culpabilidad ni establece que se haya cometido un delito. Lo que determina es que la denuncia no podía ser desestimada en los términos en que lo hizo Fiscalía y que las actuaciones deben continuar por la vía correspondiente.
Un conflicto que comenzó por los puestos de trabajo
La disputa entre Conarpesa y el STIA se había profundizado en junio, cuando el sindicato denunció que la empresa no había convocado a 85 trabajadores efectivos de temporada en las fechas previstas.
El gremio también cuestionó el destino de la materia prima, que —según su planteo— era derivada hacia otras plantas o provincias.
El conflicto escaló el 15 de julio, cuando dirigentes y trabajadores ocuparon el sector administrativo de la planta, en medio de reclamos por el presunto incumplimiento de un acuerdo alcanzado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.
La empresa repudió la medida y avanzó con una denuncia penal contra el secretario general del STIA, Luis Núñez, además de desvincular a 39 trabajadores.
En agosto, luego de gestiones con el gobernador Ignacio Torres, Conarpesa reincorporó a 30 de los 39 empleados despedidos y retiró las denuncias contra ellos, mientras que otros nueve continuaron desvinculados.
Las diferencias entre la empresa y el sindicato, sin embargo, no se resolvieron. Durante octubre persistieron los desacuerdos sobre el esquema de producción, los turnos de trabajo, los incentivos y las cuestiones salariales.
La causa vuelve a ponerse en marcha
Con la nulidad de la desestimación, el expediente deberá retomar su trámite y la Procuración General tendrá que intervenir para garantizar la continuidad de la investigación.
El pronunciamiento judicial introduce así un nuevo elemento en un conflicto que hasta ahora se había desarrollado principalmente en el terreno laboral y sindical: la revisión de la decisión fiscal que había descartado relevancia penal en los hechos denunciados por Conarpesa.
La cuestión de fondo todavía deberá ser examinada. Pero el mensaje del juez sobre la actuación fiscal es claro: una denuncia no puede cerrarse con conclusiones que, según la resolución, no encuentran sustento suficiente en las pruebas reunidas.