La provincia de Santa Cruz ha dado un giro definitivo hacia la fiscalización de sus recursos marítimos. A través de la Disposición 112/2026, firmada por el funcionario Sergio Klimenko en Río Gallegos, se implementó un régimen obligatorio que regulará de forma estricta el control, registro y seguimiento de toda la materia prima capturada en el Golfo San Jorge.
Esta medida abarca la totalidad de la cadena productiva, desde el momento en que el buque toca puerto hasta la comercialización final.
Un blindaje contra las irregularidades pesqueras
El propósito central de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura santacruceña es erradicar las declaraciones por debajo del valor real, los desvíos de mercancía y las triangulaciones no autorizadas entre firmas del sector. Con este nuevo marco, el Estado provincial busca una transparencia absoluta en el tránsito de los productos del mar.
La normativa afecta de forma directa a:
- Armadores y propietarios de buques.
- Plantas de procesamiento industrial.
- Establecimientos frigoríficos.
- Transportistas y operadores logísticos.
Todos estos actores comerciales estarán obligados a unificar sus registros mediante declaraciones juradas que permitirán reconstruir la historia y el recorrido de cada lote de pescado o marisco.
Logística bajo lupa: La Guía de Tránsito Pesquero
A partir de la entrada en vigencia de esta norma, ningún cargamento podrá moverse sin la nueva Guía Provincial de Tránsito Pesquero. Este documento, según reportes detallados por el portal web Revista Puerto, funcionará como una declaración jurada itinerante.
La guía exigirá registrar con precisión el barco de origen, la especie, el volumen exacto, la planta de destino y el grupo empresarial involucrado. Cualquier inconsistencia numérica o la falta de este papel habilitante derivará en la incautación de la carga y severas sanciones.
Además, las plantas deberán emitir informes diarios detallando el rendimiento de la materia prima, los subproductos generados y las mermas del procesamiento, quedando sujetas a auditorías físicas sorpresivas.
La polémica: ¿Fuga de materia prima procesable?
El punto que ha encendido las alarmas en el sector gremial se vincula al traslado interprovincial. La legislación dictamina que el movimiento de capturas se permitirá sin trabas siempre que se dirija a plantas operativas del mismo grupo empresario que realizó el desembarque, sin importar si la fábrica está radicada fuera de Santa Cruz.
- La postura gremial: Advierten que esto facilita el procesamiento en otras provincias, restando empleo local.
- La excepción regulada: Si una empresa desea tercerizar el reprocesamiento en plantas ajenas, requerirá un permiso expreso de la Secretaría de Pesca, justificando razones técnicas o sanitarias.
Hacia estándares de comercialización internacional
Con este avance, Santa Cruz busca alinearse con las exigencias de sostenibilidad globales. Para el comercio exterior, las firmas exportadoras tendrán que cruzar estos datos provinciales con las certificaciones sanitarias del SENASA.
Aunque el entramado empresarial prevé un incremento notable en la carga burocrática y operativa diaria, la autoridad pesquera insiste en que contar con estadísticas e información en tiempo real es la única vía para blindar el valor agregado local y asegurar la sustentabilidad del caladero a largo plazo.