La industria pesquera de Mar del Plata atraviesa horas críticas. En un escenario de rentabilidad asfixiada por el aumento de los costos operativos y el combustible, los principales referentes del sector fresquero y portuario unificaron sus reclamos para frenar lo que consideran una amenaza directa a la supervivencia del puerto local: la intención oficial de autorizar el traspaso de cuotas de captura desde los barcos fresqueros hacia los buques congeladores.
Reunión clave y tensión con la Subsecretaría de Pesca
Representantes de las principales cámaras armadoras de la región se trasladaron a la Ciudad de Buenos Aires con la intención de exponer la gravedad de la situación ante el Consejo Federal Pesquero. Sin embargo, los diagnósticos terminaron siendo recibidos de manera individual y exclusiva por el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, en un encuentro marcado por versiones cruzadas sobre la desarticulación de la agenda original.
De la comitiva participaron directivos de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Cámara de Armadores, CAPEAR ALFA, UdIPA y CAFREXPORT. Los empresarios presentaron un documento conjunto que detalla la inviabilidad actual de la operatoria y la necesidad de soluciones estructurales. Entre los puntos críticos se destacaron:
- Costos de estiba en Chubut: La preocupación por el impacto del reciente reajuste salarial del 26% solicitado por el SUPA en el sur.
- Logística y mareas: El reclamo para extender el límite de las 72 horas operativas, permitiendo que los barcos que pescan en aguas nacionales puedan descargar y procesar en los frigoríficos marplatenses, donde los costos son más competitivos.
- Infracciones: Si bien se valoró positivamente la suspensión temporal de los sumarios por 180 días, se exigieron cambios definitivos en el plan de manejo del langostino.
La «Banca 25» y el impacto social en el puerto
Según un pormenorizado reporte publicado por el portal especializado Revista Puerto, la discusión no se limitó a los despachos oficiales de la Capital. De manera simultánea, el conflicto social y laboral se trasladó al Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Allí, el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, hizo uso de la «Banca 25» ante un recinto colmado por trabajadores, estibadores, maquinistas y conductores navales.
El dirigente gremial advirtió que la modificación regulatoria impulsada por el Ejecutivo viola la Ley Federal de Pesca y atenta contra el corazón productivo de Mar del Plata. Al procesarse la materia prima en tierra, la flota fresquera es el principal motor de empleo de la comunidad portuaria.
«Si prospera esta iniciativa, se destruirá la pesca fresquera local. Están en peligro más de 50 embarcaciones y miles de puestos de trabajo genuinos en toda la cadena de valor», alertó el referente sindical, minimizando las tensiones paritarias actuales con las cámaras empresarias en pos de defender la continuidad de la actividad.
Hacia una Mesa de Trabajo frente a la emergencia
El debate legislativo cerró con un fuerte respaldo político hacia los trabajadores y armadores. Desde los bloques de la oposición local se cuestionó con dureza el «proyecto de optimización» del gobierno nacional, señalando que las medidas propuestas atentan directamente contra la mano de obra local y la sostenibilidad del caladero de merluza (hubbsi).
Como medida urgente, el sector sindical solicitó la creación inmediata de una Mesa de Trabajo legislativa. El objetivo será declarar formalmente la emergencia de la industria pesquera marplatense y convocar de manera urgente a todo el arco empresarial para coordinar acciones que impidan el vaciamiento operativo del quinto puerto con mayor descarga de pescado fresco del país.