El Poder Ejecutivo Nacional ultima los detalles de un proyecto de ley sobre la pesca ilegal que busca endurecer de forma drástica los castigos contra las empresas pesqueras que operan sin autorización soberana en las aguas que rodean al archipiélago atlántico. En consecuencia, la medida ingresará al Congreso en las próximas semanas. Por lo tanto, el objetivo principal apunta a defender los recursos marítimos argentinos y combatir la captura no declarada en la Zona Económica Exclusiva.
Fuerte impacto sobre la actividad pesquera no autorizada
La propuesta gubernamental prevé ampliar el marco sancionatorio vigente para abarcar directamente a las flotas pesqueras internacionales y a sus cadenas de soporte. Entre las penalizaciones operativas y económicas planteadas destacan:
- Decomiso inmediato de las capturas y de los buques involucrados en la faena ilegal.
- Inhabilitación absoluta para realizar actividades comerciales o portuarias en el territorio continental.
- Sanciones extendidas a socios, filiales, accionistas y proveedores logísticos que faciliten las tareas en el Atlántico Sur.
De acuerdo con la información divulgada por Metadata Noticias, la normativa contemplará además un mecanismo de regularización. Este instrumento permitirá levantar las medidas punitivas a aquellas compañías que decidan renunciar de forma definitiva a las licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Control del mar por vía satelital y detección de buques hostiles
Para respaldar las acciones legales en el agua, el Estado reforzará el patrullaje de la Armada y la Prefectura Naval mediante un importante desembolso económico. En este sentido, la reasignación de aproximadamente 120.000 millones de pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) posibilitará el monitoreo satelital en tiempo real. Así, se podrá rastrear con precisión la navegación de los barcos infractores.
Asimismo, la Cancillería evalúa calificar como «embarcaciones hostiles» a los buques que ingresen al mar argentino tras prestar servicios a la pesca no autorizada en Malvinas. Esta decisión se adopta en conformidad con los tratados internacionales sobre el Derecho del Mar.
Denuncias judiciales contra licencias pesqueras ilegítimas
En consonancia con la postura oficial, el frente judicial sumó una presentación ante los tribunales en lo Penal Económico efectuada por integrantes de la agrupación Reset Republicano. Por consiguiente, la demanda apunta a directivos de firmas pesqueras extranjeras que explotan las especies marinas del Atlántico Sur bajo permisos otorgados ilegalmente.
Sin embargo, los denunciantes no solo cuestionan las licencias, sino que señalan que estas operaciones constituyen un delito de contrabando. En conclusión, estas acciones atentan directamente contra el patrimonio natural y los intereses pesqueros de la Nación Argentina.