La actuación de la jueza civil y comercial de Rawson, Amorina Úrsula Testino, quedó en el centro de una tormenta institucional y productiva. La causa es la formalización de la denuncia y el pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura de Chubut. Lo que en los tribunales suele presentarse como un mero «criterio jurisdiccional», en las plantas pesqueras provoca pérdidas millonarias. La decisión dejó barcos parados y afectó a cientos de marineros, estibadores y operarios.
El caso del buque «J. Barreiro» (Mat. 03325), de la firma Agropez (Grupo Conarpesa), no es un hecho aislado. Representa el punto crítico de varias resoluciones judiciales que han puesto en riesgo la operatividad del grupo pesquero liderado por Fernando Álvarez Castellano.
Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
La denuncia presentada expone una serie de errores jurídicos y contradicciones en los tribunales de Rawson.
Paralización con fondos de sobra
La empresa puso a disposición fondos líquidos suficientes para evitar amarrar el buque. A pesar de esto, la jueza mantuvo la medida. Al decretarse la inmovilización, existían fondos que superaban holgadamente la pretensión de la parte actora. Aun con el crédito garantizado en demasía, la magistrada ordenó la interdicción de salida. Esto privó a la embarcación de salir a pescar en plena zafra.
Omisión de contracautela obligatoria
Al disponer la interdicción, la propia Testino resolvió que el actor debía prestar caución judicial previa. Sin embargo, terminó librando el oficio a la Prefectura Naval Argentina sin exigir el cumplimiento efectivo de dicha fianza. Esta acción vulneró garantías procesales elementales.
Demora en el cese de la medida
La magistrada firmó la orden de levantamiento de la interdicción el 18 de agosto. Pese a ello, la burocracia judicial retuvo la tramitación del oficio correspondiente. La demora mantuvo al buque inmovilizado durante días. Como consecuencia, se generó un daño irreparable a la cadena de producción, con pérdidas de mareas y un impacto directo en el bolsillo de la tripulación y los fileteros.
Excusación tardía
Tras la exposición pública de las anomalías por parte de la empresa, la magistrada intentó apartarse del expediente invocando violencia moral. Esta maniobra dilatoria obligó a la intervención de una jueza subrogante para normalizar la situación del buque.
RECUADRO TÉCNICO: Las pruebas procesales
La presentación elevada al Consejo de la Magistratura detalla de manera cronológica los números del presunto mal desempeño:
- 31 de julio: La parte actora solicita embargo e interdicción de salida del buque J. Barreiro por $53.062.318,85. La cifra incluye capital, intereses y honorarios.
- 4 de agosto: La jueza Testino dispone el embargo en $53.062.318,85. Además, adiciona $9.000.000 para futuros intereses y costas, totalizando una cautelar de $62.062.318,85.
- 6 de agosto: La actuaria judicial certifica la existencia de un saldo en cuenta judicial de $85.768.601,23. Existía un excedente de más de $23,7 millones por encima de lo ordenado.
- 10 de agosto: Se libra una orden de transferencia por $78.768.601 desde los fondos judiciales inmovilizados.
- 12 de agosto: La cuenta registra un saldo activo de $82.492.175,06, ratificando la solvencia de la causa. Pese a ello, el buque continuó impedido de zarpar por falta de diligenciamiento del oficio.
- 18 de agosto (09:00 hs): La magistrada firma la orden para dejar sin efecto el embargo y la interdicción. Sin embargo, el oficio a Prefectura se demoró, prolongando la paralización del buque durante 16 días en total.
Patrón de asedio judicial
El historial de litigios en Rawson no es nuevo. Desde Conarpesa advierten que no se trata de hechos aislados. Señalan una matriz recurrente de demandas promovidas por los mismos sectores y convalidadas en el mismo despacho. La empresa critica el uso de medidas cautelares sobre barcos en temporada alta como método de asfixia procesal. Cada día de marea representa miles de dólares y toneladas de langostino fresco.
Un juzgado no imparte justicia cuando actúa con rapidez para paralizar herramientas de producción ignorando cuentas judiciales con fondos suficientes, pero actúa con lentitud para habilitar la zarpada.
La decisión del Consejo
Chubut no puede convalidar una justicia que trate a la industria y al empleo con desprecio por las reglas del proceso. El pedido de destitución y jury contra Amorina Úrsula Testino ya está ingresado. El Consejo de la Magistratura deba dirimir si paralizar un barco con más de 85 millones de pesos en depósito judicial constituye un error de criterio o un caso de mal desempeño.