La planta de Ipesur está ocupada por esa empresa. En un juzgado se tramita el desalojo por incumplimiento y finalización de contrato. Otra jueza frenó una ampliación por construcciones clandestinas, a pesar de lo cual, concejales le darían otra habilitación provisoria. Ipesur demandaría a los ediles.
La empresa pesquera Food Arts, con la conducción del STIA como fuerza de choque, intentará hoy que el Concejo Deliberante de Puerto Madryn dicte una medida de excepción, contrariando el derecho privado y hasta la propia Constitución, con una “habilitación comercial provisoria” por el término de dos años.
Food Arts funciona en las instalaciones de la planta de la empresa Ipesur, en el parque industrial liviano de Madryn, sobre la calle Perú al 900. El apuro de Food Arts en conseguir una habilitación excepcional es porque sería inminente una sentencia de desalojo en su contra, que la obligaría a desocupar el predio que no le pertenece.
El Concejo Deliberante aprobó el año pasado una habilitación provisoria “improrrogable” que venció en abril, pero ante la presión sindical, teniendo en cuenta que el STIA oficia como representante de la sociedad Food Arts, es que buscarían una nueva habilitación provisoria, pero ahora hasta mediados de 2021; a pesar de que la anterior ordenanza fue incumplida.
A todo esto, Food Arts había iniciado una obra de ampliación desde el predio que alquilaba, y cuyos arrendatarios solicitan su desalojo por incumplimiento contractual, lo cual llevó a que un juzgado de ejecución de Puerto Madryn ordenara la suspensión de las obras, ya que se trataba de una construcción ilegal no declarada.
El pedido de extensión por dos años de la habilitación provisoria la fundamentan en que están ejecutando la construcción de una planta contigua a la de Ipesur, pero en rigor, la obra fue parada por orden judicial porque carecía de planos, y originalmente ni siquiera se había tramitado una habilitación de obra ante el municipio.
El apoderado de Ipesur, el abogado Ricardo Gabilondo, remitió al Concejo Deliberante una nota en la cual advierte la posibilidad de que se trate “un proyecto de ordenanza para otorgar una nueva prerrogativa a la medida de los intereses de Food Arts, bajo el ropaje de la protección de los puestos de trabajo y sólo con el objetivo de beneficiar interés privados que se manejan al margen de la ley”, reprocha.
Por otra parte, sostiene el representante legal que “es evidente que han fallado todos los controles de parte del municipio, en lo que hace a la cuestión de edificación, ya que se inició una obra sin contar con planos aprobados ni permisos de obra municipal y nada se hizo al respecto. Y lo que es peor desde el punto de vista institucional, es que el Concejo Deliberante se encuentre a punto de tratar y aprobar una ordenanza que se basa en una ilegalidad como es la obra clandestina que se está llevando a cabo dentro del predio de Ipesur”, les enrostró a los ediles.
En esa línea, considera Gabilondo que “siendo que la obra en cuestión no se encuentra habilitada, y ante la expresa oposición de esta parte a que ello avance, en el supuesto en que la obra continúe y además con la venia del Concejo Deliberante, no cabe duda alguna que cada uno de los legisladores que avalen esta situación de ilegalidad manifiesta serán responsables solidarios de cualquier daño y/o perjuicio que la actuación de Food Arts y/o sus empresas vinculadas (Pescart SA, Sea Fresch SA) pudieran ocasionar a Ipesur o bien a un tercero, como podría ocurrir de mediar un accidente en las instalaciones de la obra clandestina que se ha llevado a cabo”, advierte.
No obstante, el apoderado de la empresa titular de la planta lanzó una severa advertencia a los ediles madrynenses. “Al estar los concejales y funcionarios en conocimiento de la probable comisión de un delito penal, pesa sobre todos ellos el deber de denunciar, ya que en caso contrario podrían incurrir en el delito de ‘encubrimiento’ previsto y reprimido por el Artículo 277 del Código Penal”.
Finalmente, alega que “Ipesur en modo alguno pretende perjudicar a ningún trabajador, simplemente pretende que se respeten las normas vigentes y que Food Arts se ajuste a derecho, siendo esa empresa la única responsable de la situación planteada ya que se trata de una ocupación ilegal de una propiedad privada”, insistió.
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