El presidente Alberto Fernández promulgó este viernes la ley de indemnización a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que había sido aprobada por el Congreso en febrero pasado y cuestionada por los parientes de los fallecidos miembros de la Armada.
A través del Decreto 161/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el jefe de Estado avaló la Ley 27615, sancionada en el Senado el pasado 24 de febrero.
De acuerdo a Jornada, la norma reconoce “a los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”.
Indemnización
“El beneficio extraordinario establecido en el artículo anterior tendrá el carácter de indemnización extraordinaria a favor de los y las familiares del personal militar detallado en el citado Anexo, por el siniestro producido en el submarino ARA San Juan en ocasión del desarrollo de tareas de vigilancia y control del mar en el límite de la zona económica exclusiva de la República Argentina, del que resultara la desaparición o muerte de la totalidad de la tripulación”, señala el texto de la ley.
Y agrega: “El beneficio acordado en el artículo 1° de la presente será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de nivel A, grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2.098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, multiplicada por el coeficiente cien (100)”.
Polémica
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa fue el artículo 5, ya que establece que “el cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Al respecto, tras la sanción de la ley los familiares de los submarinistas habían advertido que “esos pesos” que se les pagará “no frenará el pedido de justicia, verdad y dignidad” en memoria de sus seres queridos, ratificando la vigencia del reclamo judicial.
“Repetimos 100 veces que esta ley, esos pesos, no frenará el pedido de justicia verdad y dignidad, no nos han comprado, no nos han callado y no los han vencido”, habían afirmado varios familiares a través de un comunicado.
Además, habían precisado que “las familias están entre la espada y la pared”, considerando que el beneficio está entre recibir “una suma mínima o un juicio 20 años”, por lo que habían señalado que “es la necesidad no la convicción lo que las hace aceptar a los que acepten” la reparación, la cual tienen un plazo de un año para solicitarla.
