Susi Pudjiastuti, ministra de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia. ©FAO/GIUSEPPE CAROTENUTO
La firmeza de países como Indonesia, sanciones comerciales como las de Bruselas y acuerdos globales para cerrar los puertos al tráfico de capturas ilícitas estrechan la red sobre los piratas del pescado
“Los que practican la pesca ilegal tienen que saber que entrar en aguas de Indonesia es su fin”, dice, contundente, Susi Pudjiastuti, ministra de Pesca. El país asiático, con más de 17.000 islas, ha adoptado en los últimos años una política de tolerancia cero con los piratas del pescado: al que se le pilla violando las leyes, se le hunde el barco. A cañonazos si hace falta. “¿Qué hacemos si no? ¿Les ponemos una multa? ¿de un millón de dólares? Pero si eso lo ganan en seis meses…”, plantea Pudjiastuti. “Y si les devuelves el buque, volverán… Así nos aseguramos de que no pescan de forma ilegal ni aquí ni en ninguna otra parte”, agrega.
La voz del Gobierno de Yakarta es una de las más decididas ante el problema de las capturas ilegales, no declaradas o no registradas. Aunque, por motivos obvios —son actividades ilícitas que intentan escapar del rastreo de las autoridades— los datos no son muy fiables, la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) estima su valor anual en 23.000 millones de dólares. Según la organización, una de cada 10 personas en el mundo depende diréctamente de la pesca, y esta explotación incontrolada de los mares afecta a su presente y su futuro. El problema es más grave aún en los países en desarrollo.
En Indonesia, según su ministra, entre 2003 y 2013 el número de hogares que vivían del mar se redujo un 50% y las capturas y las exportaciones de pescado cayeron en picado. Había 7.000 pesqueros ilegales faenando alegremente en aguas indonesias, y el Ejecutivo no encontraba en los instrumentos disponibles la forma de acabar con ellos. “Un número tan elevado sugiere algún tipo de arreglo o cooperación con nuestros oficiales marítmos o fuerzas de seguridad. ¿Cómo íbamos a hacerlo si medidas duras, aunque perfectamente constitucionales”, se pregunta Pudjiastuti.
El resultado de la firmeza, de enviar al fondo del mar 363 barcos entre 2017 y 2017, es que el potencial de los bancos de peces indonesios se ha duplicado: de 6,5 a 12,5 millones de toneladas al año. “Esto nos demuestra que el de la pesca ilegal es un gran negocio: son como Estados que funcionan en alta mar a los que es difícil combatir”, insiste la ministra.
Este 5 de junio se ha celebrado por primera vez el Día Mundial contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de un acuerdo internacional que busca hacer de los puertos del mundo un territorio hostil para los piratas. “Pero para que sea efectivo necesitamos a todos los países a bordo del pacto”, ha dicho José Graziano da Silva, director general de la FAO, durante el evento conmemorativo celebrado este jueves en Roma. Por ahora lo han suscrito 54 países (y la Unión Europea), pero faltan todavía algunos como China, Vietnam (de donde procedía más de la mitad de los buques hundidos por Indonesia), Canadá, México o Brasil.
En el mismo acto, el comisario europeo de Pesca, el maltés Karmenu Vella, ha recordado los esfuerzos de la UE por influir sobre otros países a la hora de atajar el problema con el sistema de tarjetas amarillas y rojas. “En estos años hemos entregado 25 tarjetas amarillas, pero la mitad ya se han levantado. No se trata de sancionar, sino de buscar cambios positivos”, ha dicho Vella. Para el representante de Bruselas, firmar acuerdos es una cosa, pero hacerlos realidad otra distinta. Y con estas medidas adicionales, ha defendido, la UE quiere asegurarse de que sus compromisos no son palabras vacías.
“El acuerdo para controlar los puertos es muy positivo, pero no conseguiremos nada si no prohibimos los trasbordos en alta mar”, opina Pudjiastuti. “Estos piratas ilegales evitan ir a los puertos y encuentran la manera de descargar el pescado, por eso hay que actuar contra esos trasbordos”, sostiene.
Para países como Indonesia todo esto, apunta, es una necesidad imperiosa para proteger su economía y el modo de vida de gran parte de su población. Pero, ¿cómo se convence a otros países? “Entendiendo que es un problema de todos. Siete millones de sirios huyendo son hoy una gran fuente de inestabilidad: en Indonesia viven 250 millones y la pesca es básica para su desarrollo y posibilidades: no nos podemos permitir acabar con ella y crear un problema así de grande”, dice la ministra. Que también señala los efectos sobre el clima y la biodiversidad. “Si nos preocupa la deforestación, y la tierra firme es solo un 29% del planeta, ¿cómo no va a preocuparnos el maltrato de los mares y océanos, que son el 71%?”, se pregunta.
Por eso, insiste, seguirá a cañonazo limpio con quien se aproveche de la inmensidad del océano para delinquir. “Porque la pesca ilegal no es una actividad aislada: son mafias que se dedican también a contrabando, tráfico de drogas, trata de personas…”, enumera. “No hundimos personas, solos sus barcos. Y, curiosamente, nunca viene nadie a quejarse ni a reclamar una indemnización”.
