Un grupo de legisladores nacionales presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar la pesca ilícita como un delito de cárcel. La iniciativa propone, de manera inédita en el sector, introducir la responsabilidad penal para las personas jurídicas, apuntando directamente a las empresas que se benefician de la depredación de los recursos marítimos. De aprobarse, las faltas menores seguirán en el terreno administrativo, reservando el castigo penal para los casos de mayor gravedad.
Cárcel y multas: los detalles del nuevo esquema penal
El proyecto de reforma, promovido por el diputado Guillermo Michel junto a un bloque de legisladores (entre ellos Juan Pablo Luque, Kelly Olmos, Emir Félix, Moira Lanesan Sancho y Victoria Tolosa Paz), planea incorporar seis nuevos artículos al cuerpo normativo penal. El objetivo central es castigar con penas de seis meses a tres años de prisión a quienes capturen, comercialicen o industrialicen especies de forma clandestina.
Según un análisis detallado sobre el alcance de esta propuesta publicado por Revista Puerto, las sanciones penales se activarán ante conductas específicas como:
- Pescar durante períodos de veda o en áreas marinas protegidas.
- Capturar especies prohibidas o utilizar artes de pesca no autorizados.
- Presentar declaraciones juradas falsas, siempre que el volumen ocultado supere el 10% de la carga real.
Asimismo, el texto contempla agravantes que elevan las penas de uno a seis años de prisión. Estos se aplicarían en situaciones de organización delictiva, uso de explosivos, evasión de controles, el accionar de buques extranjeros sin permiso en el Mar Argentino, o cuando se afecte a especies sobreexplotadas según los informes del INIDEP y el Consejo Federal Pesquero. Si hay funcionarios públicos involucrados, recibirán inhabilitación perpetua o por el doble del tiempo de la condena.
Responsabilidad empresarial: sanciones directas a las corporaciones
El aspecto más disruptivo de la propuesta legislativa es la responsabilidad penal empresaria. Bajo este esquema, las firmas comerciales responderán penalmente si los delitos son cometidos en su beneficio o representación.
El fundamento principal de los legisladores es que sancionar únicamente a los capitanes o tripulantes deja intacta la estructura económica de las compañías armadoras o exportadoras, permitiendo la reincidencia.
Las corporaciones declaradas culpables podrían enfrentar:
- Multas de hasta cinco veces la ganancia obtenida de forma ilícita.
- Suspensión de licencias y permisos pesqueros por un período de dos a diez años.
- Inhabilitación absoluta para ser proveedoras del Estado.
Además, se tipifican los eslabones de transporte y logística, creando la figura de asociación ilícita pesquera, con penas severas para los financistas y organizadores del entramado.
Decomiso de bienes y creación de un fondo de control
La iniciativa establece el decomiso inmediato de las capturas y de los buques involucrados en las actividades ilegales. Los recursos obtenidos se destinarán de forma escalonada: donación de alimentos aptos para consumo, devolución de ejemplares vivos al mar y asignación de barcos a la Prefectura Naval o al INIDEP para tareas de investigación científica.
Por otra parte, el dinero recaudado por las multas y subastas conformará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado exclusivamente a financiar la vigilancia marítima y la recuperación de biomasas en colapso.
El debate de fondo: ¿Afecta a la flota local o a la extranjera?
Aunque los autores argumentan que la ley busca defender la soberanía frente a la depredación de las flotas internacionales, los expertos del sector advierten una paradoja en su aplicación real. Debido a las limitaciones de la jurisdicción penal argentina, la ley no puede alcanzar a los buques extranjeros que operan en la conflictiva «milla 201» (fuera de la Zona Económica Exclusiva).
En la práctica, las herramientas de control y las penas privativas de la libertad recaerán de manera directa sobre los operadores, astilleros y la industria con asiento físico en la Argentina. El debate legislativo iniciará próximamente su recorrido en las comisiones de la Cámara Baja.