El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) iniciará formalmente hoy una campaña de prospección pesquera que contará con la colaboración de científicos británicos. El anuncio coincide con la aparición de informes que indican que hay una alta concentración de barcos extranjeros pescando calamares en la Zona Económica Exclusiva.
El INIDEP es un organismo autárquico que funciona en el ámbito de la Secretaría de Agroindustria y tiene como misión fundamental desarrollar campañas de investigación marítima que permiten relevar los stocks de las distintas especies que conforman la riqueza ictícola del Mar Argentino.
Los datos recogidos permiten establecer los distintos cupos de pesca que la Subsecretaría otorga a las empresas dedicadas a la actividad extractiva. En los últimos años, por distintos conflictos entre diferentes sindicatos del sector y la conducción de la entidad, a cargo del científico Otto Whöler, las campañas no se cumplieron. Por ese motivo, el presidente Mauricio Macri dispuso la intervención del INIDEP, y designó al contraalmirante retirado Marcelo Lobosco. Se trata de un militar que en sus antecedentes tiene otros cargos relacionados con el medio marino y una participación activa en la fundación Pensar, think tank del PRO.
Con la intervención, el gobierno aspira a retomar el control de lo que ocurre con la riqueza pesquera nacional. Sin embargo, la primera campaña que se iniciará hoy ya generó polémica entre diversas organizaciones relacionadas con la actividad pesquera porque Lobosco incluyó a dos científicos ingleses que accederán a todos los datos recabados por la Argentina. La información les permitirá establecer su propia política de otorgamiento de permisos en las Islas Malvinas.
El buque de investigación pesquera “Víctor Angelescu” es la unidad flotante más moderna que tiene el Estado Nacional (incluyendo buques civiles y militares). Fue construido en España, especialmente por encargo del INIDEP, y cuenta con sistemas de detección e investigación submarina tan sofisticados que fue utilizado incluso para la búsqueda del submarino ARA “San Juan”.
A partir de hoy y durante casi 40 días, el “Angelescu” tendrá la misión exclusiva de relevar la existencia del preciado Illex argentinus (calamar), en especial de reproductores juveniles que aseguren para la próxima zafra que el stock disponible se mantenga en los valores adecuados.
Cualquier anomalía detectada en cuanto a la cantidad de recursos disponibles derivaría en una reducción de los cupos de pesca y eventualmente en la declaración de una veda para la especie, hasta que se recupere la existencia del Illex argentinus. Esto se denomina “pesca sustentable”.
Durante los últimos 14 años, la Argentina había dejado de compartir información científica con los británicos en virtud de los reclamos de soberanía pendientes de resolución, que no solo incluyen a las Islas Malvinas, sino también a su mar territorial y a su zona económica.
De acuerdo a la histórica postura argentina, los kelpers carecían de derechos para otorgar permisos de pesca sobre recursos ictícolas que no les pertenecen. Este concepto cambió a partir de 2016 y actualmente se encuentra vigente un convenio de cooperación en materia pesquera que sin adentrarse en la discusión por la soberanía territorial y marítima, establece que ambos “vecinos” trabajarán en conjunto para la conservación de las especies marinas que nutren a ambas economías.
Parte de la controversia que genera esta medida tiene su origen en la autonomía con la que los kelpers otorgan permisos de pesca, lo que implica el arribo de un elevado número de embarcaciones que aprovechando las licencias otorgadas por el gobierno británico de las Islas, llegan hasta aguas totalmente ajenas al conflicto de soberanía y pescando ilegalmente en la zona exclusiva argentina.
Los defensores del acuerdo aseguran que la presencia de los británicos en el Atlántico Sur es inevitable y es mucho más razonable fijar reglas de convivencia pacífica en vez de mantener una actitud hostil.
En este contexto, todos los movimientos de buques o aeronaves militares argentinos de cierta envergadura en la zona son informados previamente a las fuerzas británicas (y viceversa) y se cruza información en torno a lo que es la actividad naval de búsqueda y rescate de personas en alta mar (SAR).
De acuerdo a estimaciones recientes, la pesca ilegal en territorio nacional equivale a U$S 2000 millones. Tanto la Prefectura Naval como la Armada Argentina realizan controles periódicos sobre buques infractores, pero cuenta con pocos medios para patrullar una extensa área acechada por flotas furtivas.
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