Walter Castro, secretario General del SANAM, elaboró un informe con los números del negocio pesquero en la última década y relativizó la injerencia de la judicialización laboral en la actividad. “En 10 años exportaron por 13 mil millones de dólares pero siguen pidiendo prebendas”.
Walter Castro tiene una rara particularidad entre los sindicalistas que representan a trabajadores de la actividad pesquera y portuaria. Revisa estadísticas, se interesa por lo que ocurre en España o Malvinas con las empresas que también operan en aguas nacionales. Y refuta con datos el discurso empresario siempre apegado a palabras como crisis y falta de rentabilidad.
El Secretario General del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata confeccionó un informe a partir de los dichos de Fernando Rivera sobre la injerencia que tenía la industria del juicio en las empresas del sector. El Presidente de CaIPA había dicho, tras la visita de Mauricio Macri a Mar del Plata, que la industria enfrentaba juicios por 400 millones de pesos. En ese momento equivalían a 13 millones de dólares. Hoy, bastante menos, cerca de los 10 millones.
“Los dichos de Rivera hacen suponer que los juicios son llevados adelante por trabajadores y abogados inescrupulosos, que a su vez son alentados por los sindicatos, cosa que no tienen ningún fundamento”, aclaró Castro en la soledad de la sede sindical sobre Avenida Juan B. Justo.
“Es nuestro deber como organización gremial, tomar datos, cifras, cuadros, y analizar estadísticas para poner en contexto de que se habla cuando se habla de pesca, industria y recursos”, agrega Castro.
RP: ¿A qué conclusión llegaron?
WC: Tomamos la última década, desde 2008, el año en que entraron en vigencia las CITC. Las exportaciones en estos 10 años, difundidas por la propia Subsecretaría en sus informes de coyuntura, generaron divisas por 13.600 millones de dólares. A valor actual casi 400 mil millones de pesos. En este período observamos que el precio de la merluza ha subido un 25%, el calamar un 85% y el langostino en sus distintas presentaciones, en el orden del 50%. El salario de los trabajadores, en promedio, subió un 200%, pero en pesos. La pesca exporta en dólares y la variación fue muy superior. De $ 4,01 en 2008 a $ 39, casi el 800%.
RP: ¿En este contexto ¿considera que la industria del juicio no tiene relevancia?
WC: Nos surgen algunos interrogantes casi forzosos. De esa suma que litigan los trabajadores cuánto es el reclamo en sí y cuánto es por dejar dormir las causas en apelaciones interminables, apostando al desgaste de la voluntad de quien reclama lo suyo, apelando a todas las instancias posibles y cambiando de fuero cuando no corresponde.
RP: Rivera ha dicho lo contrario. Que las causas se tramitan en juzgados de Capital Federal porque hay jurisprudencia favorable al ajuste de los intereses.
WC: Si tomamos el monto de los juicios en cuestión nos da algo más de 10 millones de dólares. Qué es lo que motiva a un sector capaz de generar 13.600 millones de dólares en diez años a no querer pagar menos del 0,1% de lo que han facturado, en concepto de juicios laborales, en su mayoría de ART. Y ahí no figura la subdeclaración de merluza que imperó en buena parte de este período analizado. La subfacturación con los precios mínimos que determina AFIP, ni los valores irrisorios a los que se toma el dólar para liquidar la producción de los tripulantes, ni el negro en los recibos para evadir cargas impositivas y previsionales.
RP: ¿Cree que nada ha cambiado con la asunción de las nuevas autoridades?
WC: Quizás no se mienta tanto en las descargas pero ahora vemos armadores sancionados en Camarones por excederse en los kilos de los cajones de langostino. Pero las maniobras de los armadores integrados, el descontrol sobre la flota congeladora se mantiene y son beneficiados con un costo de combustible diferenciado y hasta no hace mucho con REPROS en sus fábricas. Con una industria altamente subsidiada y explotando un recurso propiedad de la nación, no se pudo lograr que construyan las embarcaciones en astilleros argentinos. Somos el único país que abrió la puerta del caladero a 19.963 toneladas de registro bruto a quizás una de las mayores potencias mundiales en materia de pesca extractiva. Esa política generó que dejáramos de construir embarcaciones, nada menos.
RP: Pese a que hay cierta reactivación en algunos astilleros locales ¿sostiene que la industria naval no está activa?
Desde el SANAM repudiamos esas declaraciones formuladas por el presidente Macri cuando estuvo de visita en Astillero Contessi. Lo que está activa es la industria naval española, con todos los barcos nacionales que se construyeron en Vigo, como los dos del INIDEP, el de Valastro, el nuevo de Moscuzza, que ya tiene proyectados otros dos más. El Presidente debería saber que no todos los empresarios navales cuentan con el sostén de poder descansar una parte de la empresa en la pesca, en el langostino. Por eso pedimos que separen las escamas de los electrodos, que la realidad general del sector es crítica por repetir los mismos errores del pasado y priorizar lo importado por sobre la industria nacional.
RP: ¿Qué implica que la FEMPINRA evalúe adherirse al IDC, el concejo internacional de trabajadores portuarios?
WC: Significa plafón internacional para la problemática portuaria y comprender que la disputa comercial mundial no entiende de sectores ni localías; el capital arrasará con todo, dejando como víctimas a los trabajadores y pagando con regiones al nuevo orden imperante post Brexit, como está ocurriendo ahora con Malvinas. Para eso hace falta estar agremiado y representado internacionalmente por organizaciones que entiendan la problemática y juntos caminar a una solución global.
Fuente: Revista Puerto
