A tres semanas de la reunión prevista en la UE para fijar las cuotas y TAC (total admisible de capturas) para el 2021 de los 119 recursos compartidos con el Reino Unido, aplicando el acuerdo del brexit, Cepesca, la gran patronal española de sector de la pesca, cambia el «cierto alivio» con el que recibió el pacto del divorcio por «preocupación» ante el «grave perjuicio a corto plazo y la incertidumbre» a partir del 2026.
Cinco años y medio de período transitorio hacia un acuerdo definitivo en los que esa organización pronostica «pérdidas de más de 54,3 millones de euros para la flota española, con una pérdida de 4.318 toneladas en las principales especies».
Son parte de las conclusiones del análisis de Cepesca, que acaba de transmitirlas a través de un comunicado en el que Javier Garat, su secretario general, concreta que los pesqueros españoles que operan en el caladero británico y en Svalbard arrancan el 2021 «con unas 3.455 toneladas menos que en 2020 de especies como merluza, gallo, rape o bacalao, lo que supondrá unas pérdidas estimadas de en torno a 9,36 millones de euros este año».
Según Cepesca, esas cifras «podrían aumentar si el TAC de varias de esas especies, ahora provisional, sufre alguna reducción en la próxima negociación entre el Reino Unido y la UE». Superará los 54 millones de euros porque el acuerdo del brexit prevé que las posibilidades de pesca de la flota europea se irán reduciendo progresivamente.
Garat justifica la nueva valoración negativa porque la positiva inicial la hicieron «tomando como referencia los porcentajes de reducción basados en la estabilidad relativa de capturas que fueron aportados por el Gobierno». Sin embargo, «a medida que vamos traduciendo esa nomenclatura política a cifras reales del día a día, constatamos un grave perjuicio».
Perder 54 millones de euros en cinco años supone, añade Garat, «un impacto importante para las familias de los armadores, tripulantes, trabajadores en tierra y para los empleos indirectos que se generan por parte de los 88 buques del censo de NEAFC y los 4 bacaladeros que pescan en Svalbard y que tienen puerto base en Galicia, Cantabria y el País Vasco».
Cepesca calcula las pérdidas basándose solo en las reducciones de toneladas de las especies de alto valor económico, como la merluza, el gallo o el rape, con recortes que, respectivamente, sitúa «en un 3,5%, 8,4% y 6,6% en la zona 7», oeste de Irlanda y Porcupine. En la 6, el oeste de Escocia, se rebajará «un 18,9% de gallo y un 19,8% de rape».
A esas suma las de otras especies que captura la flota española, como el bacalao en Svalbard, «un 15 % menos». Todas estas cifras, añade el comunicado de la gran patronal española del sector, «podrán subir o bajar cada año en función del TAC que se vaya fijando de las diferentes especies». Además, llama la atención sobre las consecuencias a medio y largo plazo, ya que el período transitorio «solo durará cinco años y medio y, a partir de ese momento, la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros, tendrá que negociar cada año con el Reino Unido, tanto el acceso a las aguas como las cuotas».
Y a partir de este año, prosigue, negociarán los de los 119 stocks compartidos. Para Cepesca, además de la «preocupación» por esa gestión conjunta, la situación «genera una incertidumbre enorme en las empresas por no saber con qué cuotas podrán contar a partir de 2026 y si todos los buques podrán tener acceso a las aguas del Reino Unido».
A Cepesca también le inquieta «desconocer el impacto» en la Política Pesquera Común, así como en los intercambios de cuotas entre los diez países que se dedican a la pesca en el Reino Unido pues a partir del 2021 contarán con menos posibilidades de pesca para posibles intercambios. En ese escenario, Garat cree que «los gobiernos de la UE y la Comisión Europea deberían estar a la altura de las circunstancias y defender a la industria pesquera europea» porque, en su opinión, «es la única fórmula para generar confianza en las instituciones y evitar que se multiplique el número de euroescépticos en el sector pesquero».
