Por Redacción Pesca Chubut
La reciente desvinculación de decenas de operarios en la planta procesadora de Estrella Patagónica S.A. (EPSA) en Puerto Madryn habría dejado al descubierto un engranaje mucho más complejo que un mero ajuste operativo de poszafra. El episodio volvería a poner bajo la lupa la estructura societaria de la firma y reavivaría las sospechas sobre las presuntas maniobras de camuflaje corporativo que buscarían disimular la pertenencia de la pesquera al holding español Pescapuerta, grupo que mantendría una activa y millonaria explotación de recursos marinos en aguas usurpadas de las Islas Malvinas bajo licencias del gobierno colonial británico.
El camuflaje de 2015:
¿Reestructuración genuina o pantalla legal?
La historia jurídica de EPSA exhibiría un punto de inflexión evidente: hasta el año 2015, la firma operaba de manera abierta bajo la denominación social de Pescapuerta Argentina.
El posterior cambio de nombre a Estrella Patagónica no habría respondido a un desprendimiento real de sus activos por parte del capital transnacional, sino a una calculada estrategia de blindaje societario.
El objetivo de esta operación de «rebranding» habría sido sortear las restricciones impuestas por la Ley Nacional 26.386 —modificatoria del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922)—, cuyo artículo 27 bis prohíbe de forma taxativa que empresas vinculadas, matrices o filiales que operen en la plataforma continental argentina sin autorización soberana puedan acceder o conservar permisos y cuotas de captura en el país. Al mutar su identidad registral a EPSA, el grupo gallego habría creado un cortafuegos nominal para seguir operando sin sobresaltos en los muelles de Chubut, manteniendo a resguardo sus cupos de langostino y merluza en el continente.
Está sería la pirámide de mando: El hilo conductor hacia Vigo
Pese al andamiaje de personerías jurídicas intermedias, la cadena de control remontaría de manera directa a la cúpula empresarial española:
1) El beneficiario final: En la cima del esquema figuraría José Puerta Prado, presidente y CEO de la multinacional pesquera con sede en Vigo, heredero de la compañía fundada en 1956 por su padre, José Puerta Oviedo. Puerta Prado sería el dueño indirecto y receptor final de los beneficios económicos que produce la unidad de negocios patagónica.
2) El nexo histórico: Figuras de amplia trayectoria dentro del grupo corporativo, como Ventura Lafuente, habrían funcionado a lo largo de las décadas como articuladores clave para orientar las inversiones de flota y consolidar la presencia pesquera en el país.
3)La gerencia delegada en Madryn a Jorge Arbanesi quién también es tesorero de la CAPIP: Para mantener la distancia formal entre los directores españoles y los registros oficiales locales, la administración cotidiana y las representaciones institucionales en el Parque Industrial Pesquero habrían quedado delegadas en directivos de extrema confianza:
1) Pablo Rodríguez Fernández, en su rol de Director General y CEO de EPSA, como la cara visible ante los despachos gubernamentales.
2) Alejandro Yusti, apoderado legal y responsable de estampar la firma en las presentaciones administrativas y laborales.
3) Nicolás Cagliolo, al frente de la Dirección Comercial y la logística de exportación de la captura.
Este diseño permitiría que las decisiones estratégicas de fondo continúen emanando de Galicia, mientras que en los papeles argentinos la firma se presente como una empresa estrictamente radicada en Chubut.
El doble estándar en el Atlántico Sur: Cuotas en Madryn, canon colonial en Malvinas
El verdadero núcleo de la controversia residiría en el doble juego operacional que el conglomerado desplegaría en el Atlántico Sur. Mientras en el litoral chubutense EPSA se beneficia de la infraestructura portuaria, los permisos nacionales y las autorizaciones de captura emitidas por las autoridades argentinas, su casa matriz sostendría paralelamente una multimillonaria actividad pesquera dentro de la zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña alrededor de Malvinas.
A través de sociedades mixtas y alianzas estratégicas constituidas en Mount Pleasant —como el consorcio Petrel Fishing Company y diversos buques congeladores arrastreros—, el grupo Pescapuerta participaría de la captura a gran escala de calamar Illex, calamar patagónico (Loligo) y merluza. Para realizar estas faenas, la compañía pagaría anualmente cuantiosas sumas en concepto de licencias pesqueras ilegítimas otorgadas por la administración colonial británica.
Dicho canon financiero constituye una de las principales fuentes de ingresos fiscales que sustentan el presupuesto de las autoridades de ocupación y apuntalan la presencia británica en el archipiélago. De este modo, la matriz extractiva operaría de manera bifurcada: por un lado, pagaría tributos a una potencia extranjera para explotar recursos ictícolas en aguas bajo disputa soberana y, por el otro, se valdría del velo societario de EPSA para comercializar langostino obtenido en aguas federales argentinas.
Las sospechas de triangulación y el silencio de los organismos de control
El recorte de puestos de trabajo en la planta de Madryn reabriría el debate sobre si los despidos responden a una simple fluctuación de mercado o si forman parte de un repliegue estratégico de costos, mientras los grandes flujos de dividendos continúan canalizándose hacia el exterior.
Frente a indicios concluyentes sobre los vínculos societarios entre EPSA y Pescapuerta, las miradas apuntarían inevitablemente al Consejo Federal Pesquero, a la Subsecretaría de Pesca de la Nación y a las áreas de control provinciales. Correspondería a estos organismos desentrañar los beneficiarios finales de la firma y determinar si se estaría vulnerando la Ley 26.386, poniendo punto final a cualquier mecanismo societario ideado para disimular la coexistencia de permisos argentinos con la compra de licencias coloniales en las Islas Malvinas.