ATLÁNTICO SUR. La administración británica en las Islas Malvinas adoptó una controversial medida pesquera que impacta directamente en la sostenibilidad del Mar Argentino. En este sentido, un informe de la periodista Karina Fernández publicado en Revista Puerto reveló que las autoridades coloniales aumentaron del 10% al 50% el límite de captura incidental (bycatch) de merluza común (Merluccius hubbsi). La decisión busca sostener la rentabilidad del sector ante el colapso en las capturas de calamar Loligo.
Por un lado, el argumento esgrimido sostiene que la merluza actúa como un depredador del calamar en el ecosistema austral. Por otro lado, la comunidad científica argentina desmintió esta premisa y advirtió sobre el daño biológico a la especie. Asimismo, la medida afecta a los reproductores de mayor porte que migraron desde la Zona Económica Exclusiva continental.
La advertencia del INIDEP y la protección del stock pesquero
De esta manera, científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) señalaron la gravedad de incrementar la presión pesquera sin rigor ambiental. Además, explicaron que la abundancia de merluza en el sur es consecuencia del Área de Veda Permanente de Juveniles que la Argentina mantiene desde 1997 en el Golfo San Jorge.
En este aspecto, el análisis técnico del INIDEP destaca los siguientes puntos:
- Daño a los reproductores: Las capturas en la zona austral afectan a los ejemplares adultos responsables de la reproducción del stock nacional.
- Inconsistencia de datos: Las campañas británicas de febrero estimaron 46.434 toneladas de biomasa, pero autorizaron extracciones por más de 53.000 toneladas.
- Diferencia de hábitat: La merluza se concentra principalmente al noroeste de las islas, mientras que el calamar Loligo habita la zona sudoeste.
Impacto en el mercado internacional y los puertos gallegos
Por lo tanto, la decisión beneficia a armadores europeos que operan en la zona bajo licencias locales. La flota que utiliza estas concesiones descarga en su mayoría en el puerto de Vigo, España, compitiendo en el mercado internacional con las exportaciones legales procesadas en la Patagonia argentina.
En conclusión, el incremento unilateral en los volúmenes de captura pone en riesgo la conservación de los recursos pesqueros compartidos en el Atlántico Sur. De esta forma, la Argentina fortalece el monitoreo de sus caladeros para proteger el patrimonio biológico y la economía del sector marítimo.