Acusaciones cruzadas entre el empresario y titular de la CAFACh Gustavo González y el gremio de la descarga SUPA previo a la prospección de langostino 2023/24 en aguas jurisdiccionales de Chubut. Nada que no se pueda solucionar cuando las partes encuentren el camino del diálogo en el transcurso de la semana.
Lo hizo la Cámara de Flota Amarilla de Chubut a través de un comunicado.
“Tal como ocurrió hace pocos días con la industria láctea, que puso en riesgo a casi 3 millones de litros de leche en producción y el derrame de otros 100 mil, ahora el conflicto sindical se desató en el rubro pesquero. La grave situación pone en riesgo la fuente de ingreso de más de 15 mil familias y le impide a la Argentina el cumplimiento de compromisos comerciales por unos USD 500 millones”, expresaron desde la Cámara que preside Gustavo González.
El envío de prensa recibido por PESCARE indica que “por estas horas, la justicia trabaja contra reloj en una causa que tiene como protagonistas a varios dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), denunciados por ejercer acciones extorsivas y amenazas, que impiden el inicio de la zafra pesquera en el sur del país”.
“Hace pocos días, el compendio general de industrias pesqueras langostineras radicó la denuncia en los tribunales penales de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, sobre tres dirigentes sindicales que habrían exigido el pago de coimas, seguido de intimidaciones personales y laborales que impiden el normal desarrollo de la pesca en los principales puertos del país”.
“Los cinco involucrados se identifican como Alexis Gutiérrez (Secretario Gral.), Igor Vera (Secretario Gremial), Claudio Villarroel (Tesorero) y de José Zambrano y Juan Carlos Inalef, todos miembros de la cúpula dirigencial del SUPA, quienes ya fueron notificados de una resolución de la Jueza Penal de Rawson, Ana Karina Breckle, a partir de la cual deben cumplir inmediatamente “la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio (sea telefónico y/o por mensajes por cualquier vía) sobre los denunciantes”, sostuvo la CAFACH en el comunicado.
Asimismo agregaron que “la sentencia, devenida de la rápida acción de la Fiscal General, Dra. Florencia Gómez y el Procurador Fiscal, Dr. Juan Leonardo Cheuqueman, determinó que la medida debe cumplirse inicialmente por el plazo de 60 días, y que sea extendida al lugar de actividades habitual y/o laboral y/o cualquier lugar en la vía pública en que se encuentren las víctimas”.
“Sin embargo, lo más grave del caso es que la situación ha bloqueado la actividad portuaria y ha detenido, hasta el momento, todos los trámites administrativos que se llevan a cabo antes de la apertura de la temporada de pesca, poniendo en riesgo directo la apertura de la zafra del langostino salvaje, que supone cada año el 60 % del total de las exportaciones pesqueras nacionales”, denunciaron desde la Cámara en el mismo sentido.
El comunicado de prensa relata que “por estas horas, la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) ha decidido no solicitar la prospección (investigación comercial previa y obligatoria a la apertura de la zafra), hasta que no esté garantizada la paz social y la fuente de ingreso de todos los trabajadores, por lo cual la actividad se encuentra totalmente paralizada”.
Gustavo González, Presidente de la entidad explicó que el conflicto va mucho más allá, porque “tiene graves consecuencias para la economía nacional, dado que al momento están quedando sin sustento laboral más de 15 mil familias”.
Además, detalló que “Argentina pierde el ingreso de unos USD 500 millones en concepto de exportaciones”, porque “solo la provincia de Chubut pesca el 40 % de la totalidad de la captura del langostino del país, impidiendo el cumplimiento de los compromisos comerciales de venta y entrega de esos productos a países como España, Italia, EEUU, Rusia, China y Japón, entre otros”.
“Todo lo que no se pueda pescar y procesar hasta el 15 de noviembre le impide al país la oportunidad de cumplimentar las entregas antes de las fiestas de fin de año, echando por tierra las exportaciones más importantes del año”, agregó González.
Finalmente, Gustavo González adelantó que las industrias consideran que muchos de los dirigentes sindicales “atentan contra los derechos de sus propios representados” y solicitó también “la intervención de las autoridades nacionales para proveer al sector las garantías de trabajo necesarias que permitan reiniciar las actividades operativas y comerciales que tanto aportan al Producto Bruto Interno Nacional”.
Una vez conocido el comunicado, en nuestro afán de conocer las posturas antagónicas que tristemente embargan la actividad en su inicio de zafra y después de la zafra con record de capturas en la temporada 2023/24, PESCARE tomó contacto con Alexis Gutiérrez, secretario general del SUPA Chubut, quien se mostró molesto por las declaraciones del titular de la CAFACH.
“Esto que dicen no tiene parámetros ni justificación alguna. Estamos tranquilos con eso, pero a fuerza de ser sincero trato no darle mucha importancia. Haremos un comunicado formal y haremos una denuncia”, sostuvo el referente sindical a pocos meses de asumir en su cargo.
¿La Cámara los denuncia a ustedes y ustedes a ellos? No se entiende muy bien la situación entonces. ¿Esa denuncia es contra la CAFACH o contra González en particular por sus expresiones?
Por el momento estamos hablando con la Federación porque esto es un perjuicio para nosotros. Ahora me voy a interiorizar de qué se trata la denuncia que nos hacen a nosotros. Están mezclando las cosas, pero no quiero darle mucha trascendencia, pero esto es claramente un apriete a lo que estamos haciendo con las paritarias.
La vehemencia que tienen lo único que justifica es que así no se presentan en las paritarias. Los demás empresarios de todos los sectores tienen total tranquilidad para trabajar con nosotros, para acordar la paritaria como lo estamos haciendo en Comodoro, en Madryn y en Rawson con otros empresarios que no están en esa cámara, negociación que se empezó ayer. Esto es una actitud intimidatoria y temeraria la que quieren generar.
Es una paritaria para dar inicio a esta temporada, como así también hacer el incremento salarial para los demás ítems y en los rubros que tenemos nosotros.
Pero desde la cámara citan el fallo de una Jueza Penal de Rawson que dice que ustedes tienen prohibido acercarse y tomar contacto, ya sea por teléfono, por mensaje, como consecuencia de la denuncia que les hizo la cámara a los miembros de la comisión directiva del SUPA Chubut.
Ya nos tienen acostumbrados a este tipo de prácticas. En realidad lo único que hacen con este tipo de cosas es no presentarse a resolver las paritarias. No es más que eso, es así de fácil y sencillo.
¿Usted acusa entonces a la CAFACH de una maniobra para no negociar los valores de salarios?
El ir a denunciarnos es la clásica que hacen para no hacer la paritaria, que es tan clara y tan sencilla con relación a la inflación. Nosotros habíamos cerrado la paritaria en julio, con vistas a sentarnos nuevamente en octubre, para arrancar en noviembre con una nueva y cerrar el interanual correspondiente.
¿Pero los están tratando de mafiosos? ¿Qué puede decir al respecto?
Quieren encuadrarnos en algo que no corresponde. La comisión directiva tiene integrantes de Rawson, de Camarones, de Madryn. Cada cual sabe el trato que damos y eso lo pueden decir bien los afiliados.
Nos deben decir mafiosos porque en realidad siempre hubo un despropósito que era que en cada puerto se cobraban cosas distintas, que estaba un ítem, que en otro no estaba… esta es una de las cosas que a ellos les generó cierta disconformidad y es por eso que esto nos genera estas represalias. Estas rispideces comenzaron cuando exigimos que a igual tarea se tenga igual remuneración en los cuatro puertos de la provincia.
Eso a ellos les molestó porque en Rawson se manejaban de una manera que era para beneficio solo de ellos.
Pero esto no hace que les hayan hecho una denuncia por corrupción y extorsión.
Pasemos en limpio. Lo que les dijimos es que queríamos regularizar y transparentar todo… y se ofendieron. Nosotros queremos los aportes que corresponden al salario del trabajador para tener una jubilación digna. Yo no estoy haciendo más que ejercer mis derechos y atribuciones que tengo como secretario general de un gremio.
