Un total de 105 países se reunieron el lunes para pactar los procedimientos que regirán el acuerdo internacional contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que entró en vigor hace tres años, lo que supone una pérdida de 26 millones de toneladas de pescado anual en el mundo.
En un encuentro en Santiago, que se extenderá hasta este miércoles, se reunieron más de 150 personas de estos Estados para abordar los mecanismos que guiarán el acuerdo contra la pesca ilegal, que supone una pérdida de hasta 23.000 millones de dólares cada año, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
«Las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP, por sus siglas en inglés) es uno de los instrumentos internacionales con mayor tasa de ratificaciones en sus primeros años de vida», afirmó Javier Villanueva, oficial de Pesca de la FAO, quien celebró la participación de la Unión Europea en este acuerdo.
En esta segunda reunión desde su entrada en vigor, se busca fijar los instrumentos que permitan el intercambio de información entre países para poder identificar de forma inmediata a los buques sospechosos de llevar a cabo pesca ilegal.
El acuerdo, que es vinculante, establece que las embarcaciones que llegan a un puerto extranjero deben realizar una solicitud de entrada y facilitar información sobre su recorrido.
Si todo está en orden, se da autorización para atracar y descargar la mercancía, mientras que, en caso de sospecha, se permite la entrada con un registro o se le hace regresar a su Estado natal para una inspección.
Con este acuerdo, se pretende intercambiar de forma más ágil estos datos para evitar que un buque con una entrada denegada en cualquier puerto, pueda acceder a otro sin un registro.
«Si una embarcación extranjera no puede atracar en un puerto, es posible que lo intente en el país vecino, y este deberá tener acceso a la información específica para saber que otro Estado le prohibió la descarga», explicó Villanueva, quien subrayó que de este modo el coste de la pesca ilegal aumenta y deja de ser «rentable».
Las especies con mayor valor comercial -como en el atún o los calamares en Chile- son las que más padecen la pesca ilegal, pero, según la FAO, «las de menor valor comercial también la empiezan a sufrir».
El acuerdo prevé encuentros bianuales para poner en común las necesidades de cooperación de los Estados firmantes y esta reunión de Santiago pretende zanjar dudas sobre la implementación, las reglas de procedimiento y las posibles necesidades de países en desarrollo.
Los 105 países que han suscrito este acuerdo deberán acordar también los mecanismos de seguimiento de las medidas que se acuerden así como abordar cómo se tratarán los posibles incumplimientos.
En la inauguración de la jornada, el ministro de Economía de Chile, José Ramón Valente, destacó la necesidad de establecer «controles efectivos» para evitar que se «dilapide» este recurso tan necesario «para el crecimiento de población mundial».
«El mundo en 2050 va a tener cerca de 10.000 millones de personas. Y esos habitantes tienen que ser alimentados con proteínas como el pescado. Por eso es importante hacer sustentable este recurso, porque su demanda crece cada año», concluyó Valente.
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Acabar con la sobrepesca es una obligación legal y una acción climática prioritaria