Una jueza de Buenos Aires decretó la quiebra de AP Holding, titular del buque congelador tangonero. La acción la promovió un marinero de San Antonio. Se ordenó la inhibición total de bienes y se pidió la interdicción de salida del barco para que se proceda a su subasta para cubrir los montos demandados.
El Juzgado Comercial N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la doctora Margarita Braga ordenó nuevas medidas tendientes a dar cumplimiento a un oficio de “interdicción de salida” del buque Promarsa III, que al momento permanece amarrado en el muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn.
La Secretaría N° 44 de ese juzgado, a cargo de Pablo Caro, busca impedir la salida del barco congelador tangonero en el marco de la quiebra ya decretada sobre la empresa AP Holding S.A. con fecha del 1 de febrero de 2017. Concluida esa etapa ahora irían por la liquidación de bienes para cubrir los montos demandados en esa acción; el pedido de interdicción de salida tendría como objetivo retener el barco para que sea subastado.
La quiebra fue solicitada por el marinero Juan Marcelo Avilés, domiciliado en San Antonio Oeste, Río Negro, quien a través de su abogado Gustavo Cesar Dapia interpuso el reclamo para percibir $ 6.270.343 con más actualizaciones, intereses, costos y costas en orden a diferencias salariales. Señalaban en el pedido que “la deuda reclamada surge de sentencia firme”.
Así el 1 de febrero de 2017 la Dra. Braga decretó la quiebra de AP Holding S.A. lo que implicó desde ese momento la inhibición general de bienes de la fallida, y la empresa queda “desapoderada” de los bienes, que quedarían bajo custodia de un síndico (ver PDF).
El 5 de junio de 2017, según obra en el voluminoso expediente judicial al que tuvo acceso REVISTA PUERTO, el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina le informó a la jueza Margarita Braga “que se ha registrado la inhibición general de bienes con una vigencia de cinco años a partir de la fecha de inscripción”.
Dapia, el abogado del marinero Juan Avilés, que formuló el pedido de quiebra, alertó en noviembre del año pasado al juzgado comercial de Buenos Aires que en Chubut se aprestaban a trasladar y poner operativo el buque Promarsa III, y el letrado vuelve a solicitar que “se ordene comunicación a la Prefectura Naval Argentina para la interdicción del buque propiedad de la fallida, con intención de salida del espigón donde actualmente se encuentra amarrado en el muelle Piedra Buena en la provincia del Chubut, toda vez que se desconoce la interdicción de salida decretada por Su Señoría y que sea llevado a astillero de Mar del Plata”, avisó al tiempo de indicar que “los bienes denunciados (en referencia al Promarsa III) resultan liquidables en la quiebra”. “La administración y disposición de esos bienes relictos está en cabeza del síndico, debiendo dicho funcionario concursal realizar todos los actos de conservación que resulten necesarios, con la correspondiente autorización del Juez del Concurso”, añadió el patrocinante del marinero que consiguió la quiebra de AP Holding.
Ante la Inspección General de Justicia (IGJ) son Rodolfo Martín Lenk Aleua y otros los que figuran como titulares de la sociedad AP Holding. Es así que el 6 de julio pasado, Aleua le remite al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, una carta documento en la que le avisa que en caso de no ser levantada la quiebra con el pago a todos los acreedores se decretará la subasta de bienes, es decir, el Promarsa III.
Tras esa comunicación oficial recibida por el gobierno, el 13 de julio la Secretaría de Pesca le envía una carta documento a Red Chamber para informarle que “tome inmediata posesión del buque”, pero sin mencionar la información recibida la semana anterior.
Con el nivel de incertidumbre que un inminente remate del barco trae aparejado, al haber una quiebra decretada, la empresa Red Chamber tomó sus lógicos recaudos de solicitar mayor abundamiento sobre el estado de ese proceso, ya que existiría el riesgo de que la unidad productiva sea interdicta y subastada.
Revista Puerto
