El ingeniero Sala, junto a otras 12 personas quedaron formalmente imputados por “negociaciones incompatibles con la función pública” en la Administración Portuaria por un monto aproximado de 50 millones de pesos.
La audiencia de apertura de investigación se realizó la mañana del miércoles en los Tribunales de Puerto Madryn. La jueza Stella Eizmendi hizo lugar al pedido de los fiscales Daniel Báez y Alex Williams y dispuso la investigación bajo la hipótesis de un direccionamiento ilegal por parte de Sala hacia un grupo de empresas que tenían vinculación con el exinterventor del puerto, por un monto aproximado de 50 millones de pesos.
Causa compleja
Sala, patrocinado por el abogado Fabián Gabalachis, decidió no declarar por el momento en la causa. En la causa además están imputados Esmildo, Luciano, Renzo y Gisella Massari; Flavia Caserta; Adrián Martos; Claudia Cañuel; Hemut Ramón Carrasco; José Lazarte; Johana Rios; Jesica y Jonathan Bustamante. Ninguno declaró.
La causa fue catalogada como compleja, tanto por la cantidad de imputados como por los delitos a investigar; y los fiscales adelantaron que no descartan modificar la calificación legal en base a los elementos que constan en el expediente.
Los fiscales Báez y Williams sostienen que había un grupo de proveedores que eran “pantalla” para aparentar multiplicidad de empresas cuando en realidad estaban todas vinculadas. También estiman que hubo sobreprecios, al detallar lo facturado por las empresas como “excesivo e injustificado”. El informe preliminar del equipo contable estima que el presunto fraude está calculado en un valor aproximado de 50 millones.
Uno de los casos detallados es una monotributista, empleada de una panadería, quien de manera paralela presentó una facturación a la Administración Portuaria por más de 27 millones de pesos, explicó el fiscal Alex Williams. “Una herrería fue contratada para poner 48 metros cúbicos de hormigón en el Club Alumni pero al momento de la inspección ocular el mismo no había sido utilizado”, detalló el fiscal. Otro de los casos es la compra de 11 ceniceros por un precio de más de 242.000 pesos, o la contratación de un monotributista para “desmalezar” por un valor de un millón de pesos.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
