El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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