El Consorcio no abrirá el registro a nuevas empresas como pedían las cámaras armadoras para generar una libre competencia. Tampoco harán cumplir la Resolución 220 y el precio del cajón se acuerda de manera individual. Solimeno ya paga el aumento.
Que Merlini les teme a los referentes de las cooperativas de estiba había quedado claro en los días previos a la conformación del Directorio del Consorcio Portuario, allá por diciembre de 2016.
Alcanzó con una manifestación de un grupo de estibadores que tomaron las instalaciones administrativas y maquinarias que bloquearan las calles de acceso para encontrar los lugares que solicitaban.
El viernes no hubo toma, sino que entraron todos los dirigentes de las cooperativas a la reunión y sí manifestación ruidosa desde la calle. La reunión convocada a las 12:30 para analizar el pedido de libre competencia, luego que las cooperativas decidieran un aumento del 50% de la tarifa y la aplicación de la Resolución 220 formulada por cámaras armadoras, terminó con el Presidente del Consorcio Portuario cediendo a todas las demandas.
Parece haber quedado claro que más allá de las diferencias de criterios sobre si es cartelización, oligopolio, tarifazo o actualización de costos, nada es más importante que la materia prima perecedera que contienen las bodegas de los barcos. Con los cajones a salvo, todo es discutible y hasta se pueden aplicar medidas de fuerza.
“Abrimos este espacio de diálogo en la sede del Consorcio, que ante un escenario de conflicto interviene como amigable componedor entre propietarios de buques y cooperativas de estiba a efectos de normalizar a la brevedad este servicio y la dinámica general del puerto”, explicó el titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, de acuerdo a un comunicado enviado luego de la reunión.
La autoridad portuaria debería ejercer justamente el rol de tal, más que el de amigable componedor. Normalizar el servicio no debería incluir cooperativas que no cumplan con la Resolución 220, que como dijo el secretario General del SUPA y miembro del Directorio, “está vigente”. Merlini creó una Comisión de Estiba que, como los puestos de vigilancia en los accesos a las Terminales, es otra figura decorativa más.
Los armadores creen que con la apertura latente del registro que Merlini negó en el comunicado y la aplicación de la 220, que Merlini ni siquiera mencionó en el comunicado, le ponen un freno a las apetencias de las cooperativas. “Tablas”, confió un representante armatorial tras la reunión.
La duda a esa hora era saber qué ocurriría con la tarifa, el punto que había desatado la intervención de la Cámara de Armadores y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. “El ajuste de los valores del servicio se discutirá a partir de acuerdos individuales”, sí dijo el comunicado. Otra irrealidad de Merlini… el valor del servicio se discute entre cooperativas y las cámaras que las representan. A los armadores solo les comunican el nuevo valor.
Hipocoop descargó los barcos Don Cayetano y Graciela con tarifa a convenir. El jueves se reunieron Ovejero y Moscuzza pero no trascendió el alcance del acuerdo. Esa zona gris dio lugar a pensar en una reducción del costo del servicio, pero duró un suspiro. Desde Cootraport, la ESPE que atiende a los barcos de Solimeno, aseguraron que la empresa ya había pagado la nueva tarifa de 46 pesos por cajón.
Fuente: Revista Puerto
