La vigilancia en el Atlántico Sur ha dado un vuelco histórico. El Gobierno argentino ha transformado radicalmente su estrategia para combatir la pesca ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), un gigantesco territorio marino que supera el millón de kilómetros cuadrados. Ante la enorme dificultad logística que implica patrullar una superficie de tales dimensiones con recursos físicos limitados, las autoridades han decidido apostar por la innovación tecnológica y un marco regulatorio implacable.
El fin de la persecución física: El satélite como prueba irrefutable
Hasta hace poco, sancionar a un buque extranjero requería una captura in situ (en el lugar), un despliegue complejo que exigía interceptar la embarcación en plena infracción. Sin embargo, la nueva Disposición 20/2026, impulsada por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca bajo la gestión de Juan Antonio López Cazorla, cambia las reglas del juego.
A partir de ahora, los datos de posicionamiento satelital (sistema AIS) son válidos como prueba legal automatizada. Según explican analistas del sector, si un barco extranjero navega dentro de las 200 millas argentinas a una velocidad inferior a los 6 nudos (o 2 nudos en el caso de los buques poteros) realizando patrones de movimiento compatibles con la pesca y sin una notificación previa de avería, se presume la infracción de pleno derecho.
Este ajuste normativo, detallado en informes recientes del portal web El Chubut, surge tras intensas mesas de trabajo entre la Prefectura Naval, cámaras empresariales y el área jurídica de la Nación, logrando cerrar un vacío legal que permitía la impunidad en la milla 201.
Multas millonarias basadas en el precio del combustible
Esta actualización del control telemático ya ha dejado sus primeras consecuencias en la flota internacional. Embarcaciones de origen gallego, portugués y asiático ya han sido notificadas y sancionadas sin necesidad de que una patrullera los aborde en alta mar.
El régimen sancionador, actualizado mediante el sistema de Unidades de Pesca (UP), vincula directamente el castigo económico al valor del gasoil:
- Unidad de Pesca (UP): Equivalente al precio de un litro de gasoil (revisado semestralmente).
- Multa mínima por pescar sin permiso: 500.000 UP.
- Multa máxima: 3.000.000 UP.
En términos reales, las empresas armadoras que infrinjan la Ley Federal de Pesca se enfrentan a penalizaciones que oscilan entre los 900.000 y los 5,5 millones de euros, consolidando una barrera económica que busca disuadir de manera definitiva la explotación no autorizada del caladero argentino.