Chubut Pesca

Agropez acude al Superior Tribunal de Chubut para frenar una deuda que subió de $13 a $332 millones por intereses

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La empresa pesquera Agropez S.A., integrante del Grupo Conarpesa, presentó un reclamo de urgencia ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para congelar la ejecución de una sentencia judicial. La compañía advierte que una deuda original de poco más de 13 millones de pesos se multiplicó de forma desmedida hasta superar los 332 millones debido a la acumulación de intereses.

Un incremento de más del 2.500% en cuatro años

El conflicto legal surge dentro de la causa tramitada por un particular contra la firma pesquera. Según los datos difundidos en un informe de Conarpesa, la cifra inicial fijada por la Justicia era de $13.520.929,60, pero la liquidación final terminó trepando a $332.213.873,40.

Este salto representa una suba superior al 2.550% (alrededor de un 562% anual), un porcentaje que la defensa de la empresa calificó como un verdadero «dislate» económico fuera de todo parámetro de razonabilidad.

Piden reducir las tasas al amparo del Código Civil

El abogado defensor de la firma, Luis Ángel Novoa, aclaró que la empresa no pretende desconocer el fallo firme ni negarse a pagar, sino corregir el cálculo de los recargos.

El planteo judicial se apoya en los siguientes puntos centrales:

  • Aplicación del Código Civil y Comercial: El artículo 771 faculta a los jueces a reducir (morigerar) los intereses cuando estos resulten excesivos o abusivos.
  • Protección del derecho de propiedad: Sostienen que, si bien una condena afecta el patrimonio, el monto final no puede transformarse en un enriquecimiento injustificado para la otra parte.
  • Avanzar con prudencia: Solicitan frenar temporalmente la ejecución del cobro mientras el máximo tribunal de la provincia revisa el expediente.

Solicitud de suspensión excepcional

Para evitar un perjuicio económico irreparable antes de que se resuelva la discusión de fondo, la representación legal solicitó formalmente al Superior Tribunal que pida el expediente principal y ordene la suspensión inmediata del proceso de ejecución.

La empresa confía en que la Justicia revise el impacto de las tasas aplicadas y adecúe la suma final a cifras acordes con los antecedentes de la Corte Suprema de la Nación.